FOTO: Rosemary´s baby (1968)
EL PAÍS (06/09/08)Plazos para el aborto
El Gobierno ha decidido impulsar una reforma de la ley del aborto que, en realidad, no figuraba como compromiso en el programa con el que concurrió a las elecciones (aunque sí estaba en el de 2004). [...]
La actual regulación necesita ser reformada, entre otras razones, porque la seguridad jurídica que ofrece una ley de supuestos es menor que la que garantiza una de plazos. Así lo demuestra la experiencia de la norma en vigor, en particular en el tratamiento legal del supuesto de peligro psicológico para la madre. Las dificultades para concretarlo han abierto, de hecho, una vía para interrumpir el embarazo hasta fechas muy avanzadas de gestación. También han proporcionado una coartada a las campañas antiabortistas, que han pretendido revisar los casos cubiertos por la ley amparándose en los abusos que se hayan podido cometer.
Que la reforma de la actual regulación del aborto sea necesaria no justifica cualquier procedimiento político para impulsarla. Si el Partido Socialista pretendía llevarla a cabo, como ahora se confirma, no se entiende que la haya excluido de forma explícita del programa electoral, puesto que sí estaba cuatro años antes, para luego recuperarla en su congreso. Los ciudadanos convocados a las urnas el 9 de marzo pasado tenían derecho a pronunciarse sobre esta iniciativa. Y ahora los socialistas tendrían un argumento más para defender la reforma, y la oposición, uno menos para atacarla. Aceptar como imperativa la resolución sobre el aborto aprobada en el cónclave de un partido, supone, por otra parte, trasladar la impresión de que el mandato de un Gobierno no procede exclusivamente de los ciudadanos, sino también del grupo político que le apoya.
El motivo de fondo que parece haber inspirado esta manera de actuar no parece otro que evitar una asunción clara de responsabilidades. El esquema se repite al llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. El Gobierno rehuye presentar la reforma como un proyecto de ley y desea hacer copartícipes de la decisión al resto de los grupos, creando una subcomisión parlamentaria. La búsqueda de consenso es, sin duda, aconsejable en materias de tanta trascendencia. Pero la experiencia indica que, al final, será la mayoría política en el Congreso (y no el PP o los obispos) la que saque adelante el proyecto, que goza de amplio respaldo en la sociedad española.
Por ello, resulta de desear que el embrollo de procedimiento y las vacilaciones de los socialistas no afecten finalmente al objetivo de la reforma: una ley de plazos que dé seguridad a las mujeres, y que acabe con la vergüenza de las campañas antiabortistas de los últimos meses.
EL CORREO DE ANDALUCÍA (06/09/08)
La mayoría de la UE tiene ley de plazos
Si finalmente el Gobierno decidiera aprobar una ley de plazos para el aborto no estaría haciendo más que imitar lo que en la mayoría de países de la Unión Europea ya se aplica: que las mujeres sean libres para abortar en las primeras semanas del embarazo, sin tener que justificar su decisión.
La mayoría de los países de la UE permiten a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin condiciones, si bien todavía hay grandes diferencias legales sobre el aborto. España, junto con Irlanda y Malta, tiene una de las legislaciones más restrictivas.
Tras el anuncio del Gobierno de elaborar una nueva ley del aborto que sustituya a la actual, todo apunta a que la norma estará a medio camino entre una ley de plazos –permite a la mujer abortar hasta una semana determinada de gestación sin justificación– y una ley de supuestos como la actual.
En la UE, diez de los 27 países miembros permiten esta práctica con condiciones como el caso de España, que mantiene tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo).
En Portugal una nueva ley dicta que el aborto es decisión exclusiva de la mujer durante las primeras 10 semanas. Otros 15 estados, entre ellos los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), además de la mayoría de los de la Europa central y del este, permiten abortar a las mujeres libremente durante el primer trimestre de gestación.
Holanda tiene la legislación más permisiva de la Unión con una ley de plazos que fija el aborto libre hasta las 24 semanas de gestación, por delante del tiempo máximo fijado en Suecia –18 semanas–, el primer estado en legalizar el aborto en 1938.
Reino Unido también pertenece a este grupo aunque solamente por lo que respecta a Gales, Escocia e Inglaterra, ya que Irlanda del Norte, por su fuerte arraigo religioso, prohíbe el aborto salvo en caso de peligro grave para la salud de la mujer.
La actual regulación necesita ser reformada, entre otras razones, porque la seguridad jurídica que ofrece una ley de supuestos es menor que la que garantiza una de plazos. Así lo demuestra la experiencia de la norma en vigor, en particular en el tratamiento legal del supuesto de peligro psicológico para la madre. Las dificultades para concretarlo han abierto, de hecho, una vía para interrumpir el embarazo hasta fechas muy avanzadas de gestación. También han proporcionado una coartada a las campañas antiabortistas, que han pretendido revisar los casos cubiertos por la ley amparándose en los abusos que se hayan podido cometer.
Que la reforma de la actual regulación del aborto sea necesaria no justifica cualquier procedimiento político para impulsarla. Si el Partido Socialista pretendía llevarla a cabo, como ahora se confirma, no se entiende que la haya excluido de forma explícita del programa electoral, puesto que sí estaba cuatro años antes, para luego recuperarla en su congreso. Los ciudadanos convocados a las urnas el 9 de marzo pasado tenían derecho a pronunciarse sobre esta iniciativa. Y ahora los socialistas tendrían un argumento más para defender la reforma, y la oposición, uno menos para atacarla. Aceptar como imperativa la resolución sobre el aborto aprobada en el cónclave de un partido, supone, por otra parte, trasladar la impresión de que el mandato de un Gobierno no procede exclusivamente de los ciudadanos, sino también del grupo político que le apoya.
El motivo de fondo que parece haber inspirado esta manera de actuar no parece otro que evitar una asunción clara de responsabilidades. El esquema se repite al llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. El Gobierno rehuye presentar la reforma como un proyecto de ley y desea hacer copartícipes de la decisión al resto de los grupos, creando una subcomisión parlamentaria. La búsqueda de consenso es, sin duda, aconsejable en materias de tanta trascendencia. Pero la experiencia indica que, al final, será la mayoría política en el Congreso (y no el PP o los obispos) la que saque adelante el proyecto, que goza de amplio respaldo en la sociedad española.
Por ello, resulta de desear que el embrollo de procedimiento y las vacilaciones de los socialistas no afecten finalmente al objetivo de la reforma: una ley de plazos que dé seguridad a las mujeres, y que acabe con la vergüenza de las campañas antiabortistas de los últimos meses.
EL CORREO DE ANDALUCÍA (06/09/08)
La mayoría de la UE tiene ley de plazos
Si finalmente el Gobierno decidiera aprobar una ley de plazos para el aborto no estaría haciendo más que imitar lo que en la mayoría de países de la Unión Europea ya se aplica: que las mujeres sean libres para abortar en las primeras semanas del embarazo, sin tener que justificar su decisión.
La mayoría de los países de la UE permiten a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin condiciones, si bien todavía hay grandes diferencias legales sobre el aborto. España, junto con Irlanda y Malta, tiene una de las legislaciones más restrictivas.
Tras el anuncio del Gobierno de elaborar una nueva ley del aborto que sustituya a la actual, todo apunta a que la norma estará a medio camino entre una ley de plazos –permite a la mujer abortar hasta una semana determinada de gestación sin justificación– y una ley de supuestos como la actual.
En la UE, diez de los 27 países miembros permiten esta práctica con condiciones como el caso de España, que mantiene tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo).
En Portugal una nueva ley dicta que el aborto es decisión exclusiva de la mujer durante las primeras 10 semanas. Otros 15 estados, entre ellos los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), además de la mayoría de los de la Europa central y del este, permiten abortar a las mujeres libremente durante el primer trimestre de gestación.
Holanda tiene la legislación más permisiva de la Unión con una ley de plazos que fija el aborto libre hasta las 24 semanas de gestación, por delante del tiempo máximo fijado en Suecia –18 semanas–, el primer estado en legalizar el aborto en 1938.
Reino Unido también pertenece a este grupo aunque solamente por lo que respecta a Gales, Escocia e Inglaterra, ya que Irlanda del Norte, por su fuerte arraigo religioso, prohíbe el aborto salvo en caso de peligro grave para la salud de la mujer.
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