PÚBLICO (24/09/08)
Legalización SÍ
CRISTINA GARAIZÁBAL - Colectivo Hetaira
Es importante distinguir entre prostitución forzada y la que se ejerce por decisión propia. Aquellas que están coaccionadas a ejercer la prostitución sufren un grave atentado a los Derechos Humanos que debe ser combatido. Perseguir eficazmente el delito de la trata de personas exige contemplar este problema al margen de los problemas migratorios.
Las víctimas de trata son consideradas inmigrantes ilegales y, en algunos casos, testigos; consecuentemente las medidas de protección funcionan como contrapartidas a su colaboración con la policía. Se debe contemplar la trata en toda su globalidad.
Elaborar un plan sólo contra la trata con fines de explotación sexual, excluyendo la que tiene por finalidad otros sectores de la producción o los matrimonios forzosos, no parece ser el mejor camino. Lo fundamental debe ser la defensa de los derechos de las víctimas y no las actividades a las que se dirige la trata, más cuando sólo un 20% de las personas traficadas van a la industria del sexo.
Quienes ejercen la prostitución voluntariamente sufren también discriminaciones. Muchas no han podido elegir las condiciones de su trabajo en precario. Los empresarios de los clubes imponen sus normas sin ninguna ley que defienda a las trabajadoras; las que captan su clientela en la calle sufren las consecuencias de ordenanzas municipales que posibilitan coacciones y abusos.
Es necesario defender los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución. Para que la lucha contra la trata sea eficaz es necesario legalizar la prostitución voluntaria, porque, si no, las redes criminales se amparan en la alegalidad en la que se mueve la prostitución.
Las campañas contra los clientes empeoran las condiciones de trabajo de las prostitutas. Es importante tener en cuenta la experiencia de otros países en los que los clientes suelen ser unos agentes valiosos en la detección de las situaciones de prostitución forzada. La libertad, la autonomía y los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución no pueden servir de excusa para proclamas ideológicas.
Legalización NO
AMALIA FERNÁNDEZ DOYAGUE - Asoc. Mujeres Juristas Themis
Prostitución, trata y tráfico de mujeres están íntimamente relacionados. Más del 90% de las prostitutas son inmigrantes en situación irregular. El Tráfico de Seres Humanos (TSH) constituye un delito y casi siempre se apoya en la vulnerabilidad de las víctimas desprotegidas. Las mujeres del tercer mundo vienen a nuestros países por la pobreza de los suyos engañadas por las mafias de traficantes.
Les prometen mejorar su vida y, sin embargo, terminan dentro de la prostitución. La mayoría no pueden salir también por la pobreza; tienen que mantener a su familia y pagar deudas a quienes las explotan. La mayor parte de estas mujeres se encuentran en la semiesclavitud. Su aislamiento les impide acceder a los recursos para poder ejercer sus derechos, lo que agudiza su vulnerabilidad.
Se plantea por las mafias y empresarios del sexo regularizar la prostitución como un trabajo. Ante esta postura la respuesta de los poderes públicos debe pasar por luchar decididamente contra la trata de seres humanos, realizar programas de inclusión social, abordar políticas de igualdad que frenen o eviten la vulnerabilidad, pobreza y marginación, pero en modo alguno optar por regular la prostitución como un trabajo.
En los países donde se optó por esta opción se han incrementado la prostitución y el tráfico irregular de mujeres. Puede argumentarse que, sin explotación, algunas mujeres podrían libremente querer prostituirse. Aún en este hipotético caso, habría que recordar que no siempre el consentimiento legitima una práctica ni la convierte en un trabajo.
La prostitución según nuestro ordenamiento jurídico no es un trabajo, porque este concepto chocaría con nuestra Constitución, nuestra legislación laboral y el concepto de trabajo digno. La prostitución no es ningún modelo de relación laboral ni de relación entre hombres y mujeres, sino una forma más de violencia.
¿Desearíamos educar a nuestros hijos e hijas en la idea de que la prostitución es una forma normal de relación y por ello una actividad laboral más?
El plan del gobierno
DANI POZO / PATRICIA RAFAEL - Madrid
Un borrador sobre el tráfico de mujeres, en lugar de un enfoque global sobre cómo abordar la prostitución. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó ayer el embrión de su plan para luchar contra la explotación sexual. La idea es que el proyecto esté listo antes de final de año para que pueda entrar en vigor en 2009.
Los objetivos de esta iniciativa son cuatro: sensibilizar a la ciudadanía, fijar políticas de cooperación con otros países para combatir sus causas, garantizar la seguridad de las mujeres para que denuncien y elaborar una política integral en la que participan 11 ministerios.
La medida fundamental consiste en dar un plazo de 30 días para que las prostitutas sin papeles y explotadas puedan denunciar a sus proxenetas. Aído sólo dijo que, durante ese periodo, las mujeres estarán atendidas en casas de acogidas, tendrán protección y una ayuda económica. Sobre las que no denuncien a sus proxenetas, ni una palabra.
Plan poco ambicioso
Sin descalificar la medida, la mayoría de las asociaciones que conocen de cerca la cuestión echaron ayer de menos que no se haya empezado por un plan más ambicioso. Eso supondría resucitar el debate sobre si es conveniente legalizar esta actividad.
Aunque no existen cifras definitivas, los datos que manejó la Comisión Mixta por los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados son que el problema afecta a 400.000 mujeres en España y que es un negocio en el que participan 15 millones de clientes.
Igualdad elude recomendar a los medios que no incluyan anuncios. "Un plan contra la trata que se queda cojo. Lo que hay que hacer es atajar el problema entero porque la trata es una forma agravada de prostitución", sentencia Sara Vicente, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, asociación que forma parte de la Plataforma de Asociaciones por la Abolición de la Prostitución. De la misma opinión se mostraron en la Federación de Mujeres Progresistas.
Todos estos colectivos no quieren ni oír hablar de una regulación de la actividad. El argumento, que la prostitución implica, siempre, una explotación y, por lo tanto, una forma de violencia machista. El colectivo Hetaira, que defiende los derechos de las prostitutas, no lo ve así. Una de sus portavoces señala que, si bien hay que luchar contra el tráfico de personas explotadas sexualmente, "hay mujeres que libremente deciden ser trabajadoras del sexo" y hay que abordar el problema sin parches.
En España se produce una situación paradójica. La prostitución no está penalizada, aunque eso no impide que algunos ayuntamientos hayan empezado a luchar contra ella a golpe de multa cuando se da en el centro. Es el caso de Barcelona, donde deben pagar tanto meretrices como clientes. En el caso de Madrid, no hay sanciones, pero se hostiga al cliente y se controla su acceso a la colonia Marconi, uno de los polígonos de la capital donde se ejerce la prostitución. A partir de las 11 de la noche, sólo se permite el acceso a los vecinos.
A las asociaciones implicadas, como Proyecto Esperanza, les molestó que la ministra no presentara más medidas concretas después de estar reclamándolas durante años.
Capítulo aparte merecen los anuncios de contactos. La Federación de Mujeres Progresistas pide al Ministerio que recomiende a los medios la eliminación de los anuncios de contacto. La comisión que abordó el tema ya lo acordó en marzo de 2007, pero la medida no está incluida en el borrador que Igualdad enviará a las CCAA y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para que realicen las aportaciones que juzguen pertinentes.
Las medidas
Abogado gratuito
Las mujeres que decidan denunciar a sus proxenetas tendrán asistencia letrada gratuita y un intérprete en su idioma. Según señaló, ayer, Bibiana Aído, el 90% de las mujeres víctimas de trata son extranjeras. También indicó que sólo el 5% ejercen la prostitución de forma voluntaria.
Campañas de sensibilización a los ciudadanos
El plan contempla la puesta en marcha de campañas de sensibilización "porque los ciudadanos deben saber que detrás de la prostitución suele haber una mujer víctima de la explotación", señaló la ministra de Igualdad.
Garantizada la financiación
Bibiana Aído garantizó ayer que el plan, que implica a 11 carteras, tendrá suficiente dotación económica. "Cada uno de los ministerios está elaborando su memoria económica que estará incluida en el plan", añadió.
Legalización SÍ
CRISTINA GARAIZÁBAL - Colectivo Hetaira
Es importante distinguir entre prostitución forzada y la que se ejerce por decisión propia. Aquellas que están coaccionadas a ejercer la prostitución sufren un grave atentado a los Derechos Humanos que debe ser combatido. Perseguir eficazmente el delito de la trata de personas exige contemplar este problema al margen de los problemas migratorios.
Las víctimas de trata son consideradas inmigrantes ilegales y, en algunos casos, testigos; consecuentemente las medidas de protección funcionan como contrapartidas a su colaboración con la policía. Se debe contemplar la trata en toda su globalidad.
Elaborar un plan sólo contra la trata con fines de explotación sexual, excluyendo la que tiene por finalidad otros sectores de la producción o los matrimonios forzosos, no parece ser el mejor camino. Lo fundamental debe ser la defensa de los derechos de las víctimas y no las actividades a las que se dirige la trata, más cuando sólo un 20% de las personas traficadas van a la industria del sexo.
Quienes ejercen la prostitución voluntariamente sufren también discriminaciones. Muchas no han podido elegir las condiciones de su trabajo en precario. Los empresarios de los clubes imponen sus normas sin ninguna ley que defienda a las trabajadoras; las que captan su clientela en la calle sufren las consecuencias de ordenanzas municipales que posibilitan coacciones y abusos.
Es necesario defender los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución. Para que la lucha contra la trata sea eficaz es necesario legalizar la prostitución voluntaria, porque, si no, las redes criminales se amparan en la alegalidad en la que se mueve la prostitución.
Las campañas contra los clientes empeoran las condiciones de trabajo de las prostitutas. Es importante tener en cuenta la experiencia de otros países en los que los clientes suelen ser unos agentes valiosos en la detección de las situaciones de prostitución forzada. La libertad, la autonomía y los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución no pueden servir de excusa para proclamas ideológicas.
Legalización NO
AMALIA FERNÁNDEZ DOYAGUE - Asoc. Mujeres Juristas Themis
Prostitución, trata y tráfico de mujeres están íntimamente relacionados. Más del 90% de las prostitutas son inmigrantes en situación irregular. El Tráfico de Seres Humanos (TSH) constituye un delito y casi siempre se apoya en la vulnerabilidad de las víctimas desprotegidas. Las mujeres del tercer mundo vienen a nuestros países por la pobreza de los suyos engañadas por las mafias de traficantes.
Les prometen mejorar su vida y, sin embargo, terminan dentro de la prostitución. La mayoría no pueden salir también por la pobreza; tienen que mantener a su familia y pagar deudas a quienes las explotan. La mayor parte de estas mujeres se encuentran en la semiesclavitud. Su aislamiento les impide acceder a los recursos para poder ejercer sus derechos, lo que agudiza su vulnerabilidad.
Se plantea por las mafias y empresarios del sexo regularizar la prostitución como un trabajo. Ante esta postura la respuesta de los poderes públicos debe pasar por luchar decididamente contra la trata de seres humanos, realizar programas de inclusión social, abordar políticas de igualdad que frenen o eviten la vulnerabilidad, pobreza y marginación, pero en modo alguno optar por regular la prostitución como un trabajo.
En los países donde se optó por esta opción se han incrementado la prostitución y el tráfico irregular de mujeres. Puede argumentarse que, sin explotación, algunas mujeres podrían libremente querer prostituirse. Aún en este hipotético caso, habría que recordar que no siempre el consentimiento legitima una práctica ni la convierte en un trabajo.
La prostitución según nuestro ordenamiento jurídico no es un trabajo, porque este concepto chocaría con nuestra Constitución, nuestra legislación laboral y el concepto de trabajo digno. La prostitución no es ningún modelo de relación laboral ni de relación entre hombres y mujeres, sino una forma más de violencia.
¿Desearíamos educar a nuestros hijos e hijas en la idea de que la prostitución es una forma normal de relación y por ello una actividad laboral más?
El plan del gobierno
DANI POZO / PATRICIA RAFAEL - Madrid
Un borrador sobre el tráfico de mujeres, en lugar de un enfoque global sobre cómo abordar la prostitución. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó ayer el embrión de su plan para luchar contra la explotación sexual. La idea es que el proyecto esté listo antes de final de año para que pueda entrar en vigor en 2009.
Los objetivos de esta iniciativa son cuatro: sensibilizar a la ciudadanía, fijar políticas de cooperación con otros países para combatir sus causas, garantizar la seguridad de las mujeres para que denuncien y elaborar una política integral en la que participan 11 ministerios.
La medida fundamental consiste en dar un plazo de 30 días para que las prostitutas sin papeles y explotadas puedan denunciar a sus proxenetas. Aído sólo dijo que, durante ese periodo, las mujeres estarán atendidas en casas de acogidas, tendrán protección y una ayuda económica. Sobre las que no denuncien a sus proxenetas, ni una palabra.
Plan poco ambicioso
Sin descalificar la medida, la mayoría de las asociaciones que conocen de cerca la cuestión echaron ayer de menos que no se haya empezado por un plan más ambicioso. Eso supondría resucitar el debate sobre si es conveniente legalizar esta actividad.
Aunque no existen cifras definitivas, los datos que manejó la Comisión Mixta por los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados son que el problema afecta a 400.000 mujeres en España y que es un negocio en el que participan 15 millones de clientes.
Igualdad elude recomendar a los medios que no incluyan anuncios. "Un plan contra la trata que se queda cojo. Lo que hay que hacer es atajar el problema entero porque la trata es una forma agravada de prostitución", sentencia Sara Vicente, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, asociación que forma parte de la Plataforma de Asociaciones por la Abolición de la Prostitución. De la misma opinión se mostraron en la Federación de Mujeres Progresistas.
Todos estos colectivos no quieren ni oír hablar de una regulación de la actividad. El argumento, que la prostitución implica, siempre, una explotación y, por lo tanto, una forma de violencia machista. El colectivo Hetaira, que defiende los derechos de las prostitutas, no lo ve así. Una de sus portavoces señala que, si bien hay que luchar contra el tráfico de personas explotadas sexualmente, "hay mujeres que libremente deciden ser trabajadoras del sexo" y hay que abordar el problema sin parches.
En España se produce una situación paradójica. La prostitución no está penalizada, aunque eso no impide que algunos ayuntamientos hayan empezado a luchar contra ella a golpe de multa cuando se da en el centro. Es el caso de Barcelona, donde deben pagar tanto meretrices como clientes. En el caso de Madrid, no hay sanciones, pero se hostiga al cliente y se controla su acceso a la colonia Marconi, uno de los polígonos de la capital donde se ejerce la prostitución. A partir de las 11 de la noche, sólo se permite el acceso a los vecinos.
A las asociaciones implicadas, como Proyecto Esperanza, les molestó que la ministra no presentara más medidas concretas después de estar reclamándolas durante años.
Capítulo aparte merecen los anuncios de contactos. La Federación de Mujeres Progresistas pide al Ministerio que recomiende a los medios la eliminación de los anuncios de contacto. La comisión que abordó el tema ya lo acordó en marzo de 2007, pero la medida no está incluida en el borrador que Igualdad enviará a las CCAA y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para que realicen las aportaciones que juzguen pertinentes.
Las medidas
Abogado gratuito
Las mujeres que decidan denunciar a sus proxenetas tendrán asistencia letrada gratuita y un intérprete en su idioma. Según señaló, ayer, Bibiana Aído, el 90% de las mujeres víctimas de trata son extranjeras. También indicó que sólo el 5% ejercen la prostitución de forma voluntaria.
Campañas de sensibilización a los ciudadanos
El plan contempla la puesta en marcha de campañas de sensibilización "porque los ciudadanos deben saber que detrás de la prostitución suele haber una mujer víctima de la explotación", señaló la ministra de Igualdad.
Garantizada la financiación
Bibiana Aído garantizó ayer que el plan, que implica a 11 carteras, tendrá suficiente dotación económica. "Cada uno de los ministerios está elaborando su memoria económica que estará incluida en el plan", añadió.
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