CORREO DE ANDALUCÍA (16/11/08) - LAURA BLANCO
Más usuarios en Andalucía
Ayuda que no llega
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Faltan unos minutos para el mediodía y en el patio del número 34 de Pagés del Corro, en Sevilla, ya se ha formado una cola. Dan las doce y empiezan a entrar ordenadamente las alrededor de 200 personas que, cada día, reciben un plato de comida caliente y un bocadillo para la cena. Recitan un número, el de la ficha que el comedor social de las Hermanas de la Caridad abre a todos los que pasan por allí. “Tenemos una base de datos y sabemos quién lleva años viniendo, quién vino hace tiempo y ahora ha vuelto o quién viene por primera vez”, explican los voluntarios entre saludos a unos y preguntas a otros por sus hijos. Los niños no entran para evitar contagios de enfermedades, aunque intentan dar a sus padres comida para ellos. “Hay un núcleo habitual, pero la mayoría vienen unos días y desaparecen o se mantienen dos o tres meses”, relatan.
También entre ellos se saludan: “Luego vamos a escuchar música a la estación”, difunde un joven que no se desprende de su radiocassette. Alguno sólo viene a recoger el bocadillo. “¿Por qué no pasas a comer y te llevas el bocadillo para la cena?”, le dicen. “Tengo cita en Andalucía Orienta”, responde.
Es el día a día de un comedor fundado en 1904 –la congregación tiene otro en el Pumarejo–, que también ofrece duchas, ropero y economato, donde se compra con vales dados por las parroquias. Para su directora, sor María del Carmen, no hay novedad y le disgusta que desde hace un tiempo le hagan las mismas preguntas: “Sí, viene más gente, pero no sé si son familias ni si se han quedado en paro hace poco o por qué han llegado aquí. Nosotros no preguntamos”, responde con desgana.
Si hay un perfil dominante entre los usuarios es el de inmigrantes. El albergue municipal de Huelva tiene 15 plazas para alojar, con comida, durante tres días a personas necesitadas, a las que también ofrece ropa, ducha y orientación sobre las ayudas disponibles. La trabajadora social, Ana Yáñez, explica que sirve de “paso” a inmigrantes atraídos por las campañas agrícolas. “Antes les resultaba más fácil encontrar trabajo y va llegando gente que tenía empleo pero sin contrato y sin estabilidad familiar. Los españoles son los habituales, personas excluidas que van de albergue en albergue”, dice. En Huelva está además el comedor Virgen de la Cinta y uno de la Iglesia Evangélica. El consistorio da ayudas para alquilar o buscar viviendas compartidas.
Ayuntamientos, ONG e Iglesia se reparten la asistencia social. En Málaga, el centro de acogida municipal tiene 150 plazas y cada día da comida y cena a 300 personas. “Los alojados son fundamentalmente enfermos mentales pero a comer va gente con pensiones no contributivas que si antes acudían a partir del 18 del mes, cuando se quedaban sin dinero, ahora llegan desde el día 4”, explica la edil de bienestar social María Victoria Romero. Existe además el comedor benéfico de Santo Domingo y los servicios sociales ubicados en los barrios dan ayudas puntuales para “familias a las que la crisis ha dejado sin trabajo y con deudas”.
También entre ellos se saludan: “Luego vamos a escuchar música a la estación”, difunde un joven que no se desprende de su radiocassette. Alguno sólo viene a recoger el bocadillo. “¿Por qué no pasas a comer y te llevas el bocadillo para la cena?”, le dicen. “Tengo cita en Andalucía Orienta”, responde.
Es el día a día de un comedor fundado en 1904 –la congregación tiene otro en el Pumarejo–, que también ofrece duchas, ropero y economato, donde se compra con vales dados por las parroquias. Para su directora, sor María del Carmen, no hay novedad y le disgusta que desde hace un tiempo le hagan las mismas preguntas: “Sí, viene más gente, pero no sé si son familias ni si se han quedado en paro hace poco o por qué han llegado aquí. Nosotros no preguntamos”, responde con desgana.
Si hay un perfil dominante entre los usuarios es el de inmigrantes. El albergue municipal de Huelva tiene 15 plazas para alojar, con comida, durante tres días a personas necesitadas, a las que también ofrece ropa, ducha y orientación sobre las ayudas disponibles. La trabajadora social, Ana Yáñez, explica que sirve de “paso” a inmigrantes atraídos por las campañas agrícolas. “Antes les resultaba más fácil encontrar trabajo y va llegando gente que tenía empleo pero sin contrato y sin estabilidad familiar. Los españoles son los habituales, personas excluidas que van de albergue en albergue”, dice. En Huelva está además el comedor Virgen de la Cinta y uno de la Iglesia Evangélica. El consistorio da ayudas para alquilar o buscar viviendas compartidas.
Ayuntamientos, ONG e Iglesia se reparten la asistencia social. En Málaga, el centro de acogida municipal tiene 150 plazas y cada día da comida y cena a 300 personas. “Los alojados son fundamentalmente enfermos mentales pero a comer va gente con pensiones no contributivas que si antes acudían a partir del 18 del mes, cuando se quedaban sin dinero, ahora llegan desde el día 4”, explica la edil de bienestar social María Victoria Romero. Existe además el comedor benéfico de Santo Domingo y los servicios sociales ubicados en los barrios dan ayudas puntuales para “familias a las que la crisis ha dejado sin trabajo y con deudas”.
Ayuda que no llega
El camino que separa la cola del paro de la asistencia social es cada vez más corto. Ayuntamientos, ONG y parroquias –que se reparten una ayuda dispersa– ven más borroso el límite entre una vida normal y el riesgo de exclusión. Ser inmigrante o haberse hipotecado con una nómina de la construcción aumentan ese riesgo.
En albergues y comedores sociales siguen atendiendo a los llamados pobres estructurales y que, según alerta el último informe Foessa de Cáritas, no ha descendido en los últimos diez años a pesar del nivel de desarrollo supuestamente alcanzado. Pero sin necesitar aún cama o comida, “es una opinión generalizada que está llegando más gente pidiendo todo tipo de apoyo”, señala Lola García, directora de la Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que aglutina a las entidades que trabajan en este ámbito y con distintos colectivos.
Son, sobre todo, inmigrantes regularizados pero sin familia que les ayude tras ser los primeros expulsados de un mercado laboral en crisis. Pero también familias medias para las que el paro no es sólo un revés sino el hundimiento de una economía doméstica sin capacidad de ahorro porque la hipoteca lo absorbía todo.
La responsable regional de Cáritas, Auxiliadora González, habla de un 40% más de solicitantes de ayuda de urgencia, principalmente para el pago de recibos, y un aumento de demanda de empleo entre nuevos perfiles. “Cada vez llegan más profesionales cualificados de la construcción o la hostelería y mujeres que antes no tenían necesidad de trabajar y que buscan empleo en el servicio doméstico, que a su vez ha sufrido un parón porque empieza a ser un lujo”, explica.
Cáritas dice haber gastado en cuatro meses los recursos de un año, y González alerta de que lo peor está por venir, cuando quienes tenían contrato dejen de cobrar el subsidio del paro. El informe Foessa revela que la asistencia social pública andaluza está por debajo de la media.
La Junta tiene un programa de solidaridad para después del paro, el llamado salario social (372 euros durante seis meses). Pasado ese tiempo, no existen prestaciones económicas directas públicas salvo las ayudas de emergencia de los ayuntamientos a través de los servicios sociales comunitarios.
Con la crisis del ladrillo los ayuntamientos vienen denunciando la merma económica de sus arcas y desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias destacan que hacen un “esfuerzo importante” por destinar buena parte de su presupuesto a los servicios sociales, incluso “asumiendo competencias que no son propias”. En 2009 recibirán 42,5 millones de la Junta para ello.
La local es la administración más cercana al ciudadano y sus trabajadores sociales la primera puerta a la que llaman. La demanda ha aumentado, sobre todo para el pago de hipotecas y alquileres. Por eso el Defensor del Pueblo ha pedido a la Junta un sistema de ayudas temporales para familias que pasen por situaciones puntuales de necesidad.
La radiografía actual que ofrecen las administraciones y ONG dedicadas a la acción social habla de más gente necesitada y más variopinta ante la que los recursos resultan dispersos e insuficientes. La Junta tiene entre sus deberes aprobar una ley de inclusión social que garantice el derecho a percibir una renta básica (el 75% del Salario Mínimo, lo que hoy equivaldría a 374 euros), una norma que Lola García urge a agilizar. El anteproyecto pasó por el Consejo de Gobierno antes de las elecciones pero no llegó al Parlamento. El compromiso es tramitarla en 2009 pero no está reflejada en los presupuestos y no es probable que se apruebe en el año.
En albergues y comedores sociales siguen atendiendo a los llamados pobres estructurales y que, según alerta el último informe Foessa de Cáritas, no ha descendido en los últimos diez años a pesar del nivel de desarrollo supuestamente alcanzado. Pero sin necesitar aún cama o comida, “es una opinión generalizada que está llegando más gente pidiendo todo tipo de apoyo”, señala Lola García, directora de la Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que aglutina a las entidades que trabajan en este ámbito y con distintos colectivos.
Son, sobre todo, inmigrantes regularizados pero sin familia que les ayude tras ser los primeros expulsados de un mercado laboral en crisis. Pero también familias medias para las que el paro no es sólo un revés sino el hundimiento de una economía doméstica sin capacidad de ahorro porque la hipoteca lo absorbía todo.
La responsable regional de Cáritas, Auxiliadora González, habla de un 40% más de solicitantes de ayuda de urgencia, principalmente para el pago de recibos, y un aumento de demanda de empleo entre nuevos perfiles. “Cada vez llegan más profesionales cualificados de la construcción o la hostelería y mujeres que antes no tenían necesidad de trabajar y que buscan empleo en el servicio doméstico, que a su vez ha sufrido un parón porque empieza a ser un lujo”, explica.
Cáritas dice haber gastado en cuatro meses los recursos de un año, y González alerta de que lo peor está por venir, cuando quienes tenían contrato dejen de cobrar el subsidio del paro. El informe Foessa revela que la asistencia social pública andaluza está por debajo de la media.
La Junta tiene un programa de solidaridad para después del paro, el llamado salario social (372 euros durante seis meses). Pasado ese tiempo, no existen prestaciones económicas directas públicas salvo las ayudas de emergencia de los ayuntamientos a través de los servicios sociales comunitarios.
Con la crisis del ladrillo los ayuntamientos vienen denunciando la merma económica de sus arcas y desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias destacan que hacen un “esfuerzo importante” por destinar buena parte de su presupuesto a los servicios sociales, incluso “asumiendo competencias que no son propias”. En 2009 recibirán 42,5 millones de la Junta para ello.
La local es la administración más cercana al ciudadano y sus trabajadores sociales la primera puerta a la que llaman. La demanda ha aumentado, sobre todo para el pago de hipotecas y alquileres. Por eso el Defensor del Pueblo ha pedido a la Junta un sistema de ayudas temporales para familias que pasen por situaciones puntuales de necesidad.
La radiografía actual que ofrecen las administraciones y ONG dedicadas a la acción social habla de más gente necesitada y más variopinta ante la que los recursos resultan dispersos e insuficientes. La Junta tiene entre sus deberes aprobar una ley de inclusión social que garantice el derecho a percibir una renta básica (el 75% del Salario Mínimo, lo que hoy equivaldría a 374 euros), una norma que Lola García urge a agilizar. El anteproyecto pasó por el Consejo de Gobierno antes de las elecciones pero no llegó al Parlamento. El compromiso es tramitarla en 2009 pero no está reflejada en los presupuestos y no es probable que se apruebe en el año.
1 Comentarios:
Muy bien el blog Gustavo... esta muy bien...
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