FOTO: diagonalperiodico.net
sur.es (27/11/08) vía enredpsh.org
El 30 % de las PSH padece
alguna enfermedad mental
José Chamizo asegura que las cárceles se han convertido en los nuevos manicomios. Pide un organismo coordinador de los colectivos de servicios sociales.
SANDRA BALVÍN - ALGECIRAS
El concepto de personas «sin techo» comienza a estar en desuso. El fenómeno se extiende mucho más allá de carecer de una vivienda. Los participantes en las III Jornadas Provinciales sobre Personas sin Hogar, organizadas ayer en Algeciras por Cáritas y la Diputación de Cádiz, analizaron ayer el problema desde la perspectiva de la carencia de un hogar. El planteamiento ofrecido durante el encuentro supone no sólo la ausencia de un espacio físico, sino la imposibilidad del ejercicio de derechos y el aislamiento social.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, analizó el informe 'Vivir en la calle. Informe especial sobre la situación de las personas sin techo en Andalucía'. La definición de las personas sin hogar, sus perfiles y el estudio de sus necesidades principales eran los principales objetivos del dossier, que revela datos como el hecho de que el 30 por ciento de las personas que viven en la calle padecen algún tipo de enfermedad mental.
Población reclusa
Chamizo recalcó que se trata de un grupo muy heterogéneo e insistió en que «no hay que identificar automáticamente a los sin techo con personas que padecen alguna adicción». Así, explicó que, además de toxicómanos, el colectivo se ve engrosado por ancianos con escasos recursos, algunos de los cuales han sido objeto de malos tratos; mujeres que huyen de situaciones personales conflictivas; ex reclusos que no encuentran trabajo tras salir de prisión y enfermos mentales.
«La reforma psiquiátrica habla de no volver a los manicomios», dijo el Defensor del Pueblo, «y resulta que los nuevos manicomios son las cárceles». Por ello, Chamizo defendió la urgencia de un cambio en la psiquiatría de manera que las administraciones o las familias de los enfermos mentales puedan intervenir en los casos extremos. «Estoy cansado de la voluntariedad del sujeto, ¿existe realmente cuando hay una enfermedad mental grave», interrogó.
El Defensor del Pueblo criticó duramente el sistema de prisiones actual, que cuenta con 63.000 internos en España y 16.000 en Andalucía, con un crecimiento de 1.000 personas por año en la comunidad autónoma andaluza. «En estos casos el apoyo de las asociaciones es fundamental, ya que muchas de sus familias no quieren saber nada de ellos», señaló.
La labor de las ONG
Según Chamizo, la mayor parte del peso de las prestaciones sociales a los sin hogar recae sobre sobre ONGs y otras asociaciones. Así, aseguró que el 85 por ciento de los servicios de alimentación, aseo, albergue y, en ocasiones, de asistencia médica, recaen sobre entidades privadas que no están coordinadas entre sí. Por ello, reclamó a las administraciones la instauración de un organismo coordinador y la regularización de los recursos existentes.
Asimismo, reivindicó la necesidad de superar conceptos como el de albergues de transeúntes. En opinión de Chamizo, es preciso contar con un tipo de albergues diversificado según las diversas necesidades y con horarios más flexibles.
El Defensor del Pueblo denunció además la insuficiencia de las ayudas económicas y anunció que trabaja en sugerencias para la futura Ley de Exclusión Social. En este sentido, Chamizo abogó por la desaparición del salario social. «Es verdad que algunos se compran un televisor de plasma, pero dar todo el dinero junto de una vez a la gente es una provocación», bromeó para poner de manifiesto lo que considera incongruencias del sistema.
De este modo, la propuesta del Defensor del Pueblo consiste en la sustitución del salario social por una renta básica, acompañada de un «equipamiento social» encargado de supervisar la concesión de ayudas. «En contra de lo que dicen algunos, no creo que sea una actitud excesivamente paternalista, sino de aceptar la realidad de que hay personas que no están acostumbradas a administrar las ayudas».
No tirar la toalla
Chamizo puso de relieve los efectos negativos del economicismo que, según dijo, ha reducido valores como la generosidad y la solidaridad. «En estos tiempos que haya personas que dediquen su tiempo a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y sin cotizar en la bolsa es casi un exotismo», denunció. «El cambio de una sociedad, prosiguió, se nota en otros aspectos como la inmigración y nosotros hemos demostrado que no estamos a la altura de las necesidades de los seres humanos, sino de nuestras propias necesidades».
Para Chamizo, la solución del problema de los sin hogar está en la formación y en el empleo. No obstante, advirtió de la dificultad de que una persona que vive en la calle la abandone ante la dificultad de adaptarse a un sistema organizado tras vivir en uno desestructurado. «Los que nos dedicamos a esto tenemos que estar preparados para esto y no dejar que sea un motivo de decepción, no hay que tirar la toalla».
SANDRA BALVÍN - ALGECIRAS
El concepto de personas «sin techo» comienza a estar en desuso. El fenómeno se extiende mucho más allá de carecer de una vivienda. Los participantes en las III Jornadas Provinciales sobre Personas sin Hogar, organizadas ayer en Algeciras por Cáritas y la Diputación de Cádiz, analizaron ayer el problema desde la perspectiva de la carencia de un hogar. El planteamiento ofrecido durante el encuentro supone no sólo la ausencia de un espacio físico, sino la imposibilidad del ejercicio de derechos y el aislamiento social.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, analizó el informe 'Vivir en la calle. Informe especial sobre la situación de las personas sin techo en Andalucía'. La definición de las personas sin hogar, sus perfiles y el estudio de sus necesidades principales eran los principales objetivos del dossier, que revela datos como el hecho de que el 30 por ciento de las personas que viven en la calle padecen algún tipo de enfermedad mental.
Población reclusa
Chamizo recalcó que se trata de un grupo muy heterogéneo e insistió en que «no hay que identificar automáticamente a los sin techo con personas que padecen alguna adicción». Así, explicó que, además de toxicómanos, el colectivo se ve engrosado por ancianos con escasos recursos, algunos de los cuales han sido objeto de malos tratos; mujeres que huyen de situaciones personales conflictivas; ex reclusos que no encuentran trabajo tras salir de prisión y enfermos mentales.
«La reforma psiquiátrica habla de no volver a los manicomios», dijo el Defensor del Pueblo, «y resulta que los nuevos manicomios son las cárceles». Por ello, Chamizo defendió la urgencia de un cambio en la psiquiatría de manera que las administraciones o las familias de los enfermos mentales puedan intervenir en los casos extremos. «Estoy cansado de la voluntariedad del sujeto, ¿existe realmente cuando hay una enfermedad mental grave», interrogó.
El Defensor del Pueblo criticó duramente el sistema de prisiones actual, que cuenta con 63.000 internos en España y 16.000 en Andalucía, con un crecimiento de 1.000 personas por año en la comunidad autónoma andaluza. «En estos casos el apoyo de las asociaciones es fundamental, ya que muchas de sus familias no quieren saber nada de ellos», señaló.
La labor de las ONG
Según Chamizo, la mayor parte del peso de las prestaciones sociales a los sin hogar recae sobre sobre ONGs y otras asociaciones. Así, aseguró que el 85 por ciento de los servicios de alimentación, aseo, albergue y, en ocasiones, de asistencia médica, recaen sobre entidades privadas que no están coordinadas entre sí. Por ello, reclamó a las administraciones la instauración de un organismo coordinador y la regularización de los recursos existentes.
Asimismo, reivindicó la necesidad de superar conceptos como el de albergues de transeúntes. En opinión de Chamizo, es preciso contar con un tipo de albergues diversificado según las diversas necesidades y con horarios más flexibles.
El Defensor del Pueblo denunció además la insuficiencia de las ayudas económicas y anunció que trabaja en sugerencias para la futura Ley de Exclusión Social. En este sentido, Chamizo abogó por la desaparición del salario social. «Es verdad que algunos se compran un televisor de plasma, pero dar todo el dinero junto de una vez a la gente es una provocación», bromeó para poner de manifiesto lo que considera incongruencias del sistema.
De este modo, la propuesta del Defensor del Pueblo consiste en la sustitución del salario social por una renta básica, acompañada de un «equipamiento social» encargado de supervisar la concesión de ayudas. «En contra de lo que dicen algunos, no creo que sea una actitud excesivamente paternalista, sino de aceptar la realidad de que hay personas que no están acostumbradas a administrar las ayudas».
No tirar la toalla
Chamizo puso de relieve los efectos negativos del economicismo que, según dijo, ha reducido valores como la generosidad y la solidaridad. «En estos tiempos que haya personas que dediquen su tiempo a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y sin cotizar en la bolsa es casi un exotismo», denunció. «El cambio de una sociedad, prosiguió, se nota en otros aspectos como la inmigración y nosotros hemos demostrado que no estamos a la altura de las necesidades de los seres humanos, sino de nuestras propias necesidades».
Para Chamizo, la solución del problema de los sin hogar está en la formación y en el empleo. No obstante, advirtió de la dificultad de que una persona que vive en la calle la abandone ante la dificultad de adaptarse a un sistema organizado tras vivir en uno desestructurado. «Los que nos dedicamos a esto tenemos que estar preparados para esto y no dejar que sea un motivo de decepción, no hay que tirar la toalla».
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