Enrique MúgicaCORREO DE ANDALUCÍA (08/02/09)
Chamizo alaba los centros de menorespero ve limitada su utilidad
Laura Blanco
Un informe del Defensor sobre los centros de menores ha desatado la alarma. Los andaluces son alabados por sus condiciones y trato, pero se cuestiona su utilidad: sólo admiten niños en desamparo cuando los trastornos de conducta ya no son exclusivos de familias desestructuradas. Tras la mayoría de edad, no hay seguimiento.
En un informe sobre 27 centros de toda España (tres andaluces), el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, denuncia infraestructuras antiguas y deficientes, métodos de castigo que van desde días en salas de aislamiento a control físico con correas y medicación, registros de los chavales desnudos y en cuclillas y hasta análisis de orina tras las salidas para detectar sustancias tóxicas.
En este análisis, los centros andaluces no sólo aprueban el examen sino que sus instalaciones, programas educativos y normas de funcionamiento son puestos como ejemplos a seguir. Sin embargo, la vía de ingreso limita la utilidad de estos centros de los que los menores suelen salir más por cumplir la edad que por haber completado el programa terapéutico y una vez fuera, no se sigue su evolución.
En otras comunidades, los padres sólo ceden a la administración la guarda del menor pero mantienen la patria potestad, pero en Andalucía el menor debe ser declarado en desamparo y, para ello, la familia ha de renunciar a su tutela (la otra vía de ingreso es por autorización judicial en caso de trastorno psíquico, aunque según testimonios de profesionales de los centros recogidos en el informe no siempre se exige dicha autorización). Por tanto el sistema deja fuera a los cada vez más menores de familias normalizadas y con un nivel económico elevado donde la convivencia resulta imposible pero cuyos padres sólo quieren ayuda para sus hijos y no renunciar a ellos. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ya ha reclamado varias veces el cambio de este requisito.
Más allá de las alabanzas que el informe dedica a las “acogedoras” instalaciones de La Granja II en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a la importancia que Vado de los Bueyes en Lucena (Córdoba) concede a la intervención psicoterapéutica o a las fases de observación, intervención y preparación para la salida del programa educativo aplicado en el Dulce Nombre de María (Málaga), la prueba de fuego que permite una valoración positiva del sistema andaluz la constituyen los testimonios recogidos de los propios menores.
Lejos de los abusos de la contención física y el aislamiento, la sobremedicación o las sanciones humillantes denunciados por menores de otras comunidades, los entrevistados en Andalucía se muestran “contentos”, valoran como “provechosa” su estancia, consideran las normas “razonables” y mantienen una “buena relación” con los educadores, de quienes perciben “implicación” y “cariño”.
Lo cierto es que los centros andaluces cuentan con una normativa específica de funcionamiento que no existe en todas las comunidades, que incluso insta a evitar términos como régimen disciplinario o sancionador y a clasificar los posibles conflictos que puedan surgir como faltas leves, graves o muy graves. Tanto el centro de Córdoba como el de Málaga cuentan con salas de contención, como el 68% de las instalaciones visitadas, pero carecen de puertas, un sistema de alerta vigila el interior y su uso requiere la autorización de la dirección.
Medidas correctoras. La separación del resto del grupo es una medida de corrección admitida (como restringir recreos, asignar tareas complementarias o retirar la paga) pero suele llevarse a cabo antes en la propia habitación que en salas de aislamiento. Se permite la contención física excepcional basada en la intervención de varias personas para controlar al menor, pero no se usan correas ni se administran fármacos injustificadamente. Los registros personales y de habitaciones son escasos porque, según entienden los profesionales de La Granja II o Dulce Nombre de María “dado que el objetivo es normalizar a los menores, no se aplica un régimen muy estricto”.
El informe revela así que los centros andaluces son impecables en sus formas, pero es la utilidad del sistema la que plantea dudas, porque no llega al perfil de menores que hoy requieren ayuda ni queda claro que resuelvan sus problemas.
Descargar Informe: Parte1 | Parte2
En un informe sobre 27 centros de toda España (tres andaluces), el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, denuncia infraestructuras antiguas y deficientes, métodos de castigo que van desde días en salas de aislamiento a control físico con correas y medicación, registros de los chavales desnudos y en cuclillas y hasta análisis de orina tras las salidas para detectar sustancias tóxicas.
En este análisis, los centros andaluces no sólo aprueban el examen sino que sus instalaciones, programas educativos y normas de funcionamiento son puestos como ejemplos a seguir. Sin embargo, la vía de ingreso limita la utilidad de estos centros de los que los menores suelen salir más por cumplir la edad que por haber completado el programa terapéutico y una vez fuera, no se sigue su evolución.
En otras comunidades, los padres sólo ceden a la administración la guarda del menor pero mantienen la patria potestad, pero en Andalucía el menor debe ser declarado en desamparo y, para ello, la familia ha de renunciar a su tutela (la otra vía de ingreso es por autorización judicial en caso de trastorno psíquico, aunque según testimonios de profesionales de los centros recogidos en el informe no siempre se exige dicha autorización). Por tanto el sistema deja fuera a los cada vez más menores de familias normalizadas y con un nivel económico elevado donde la convivencia resulta imposible pero cuyos padres sólo quieren ayuda para sus hijos y no renunciar a ellos. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ya ha reclamado varias veces el cambio de este requisito.
Más allá de las alabanzas que el informe dedica a las “acogedoras” instalaciones de La Granja II en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a la importancia que Vado de los Bueyes en Lucena (Córdoba) concede a la intervención psicoterapéutica o a las fases de observación, intervención y preparación para la salida del programa educativo aplicado en el Dulce Nombre de María (Málaga), la prueba de fuego que permite una valoración positiva del sistema andaluz la constituyen los testimonios recogidos de los propios menores.
Lejos de los abusos de la contención física y el aislamiento, la sobremedicación o las sanciones humillantes denunciados por menores de otras comunidades, los entrevistados en Andalucía se muestran “contentos”, valoran como “provechosa” su estancia, consideran las normas “razonables” y mantienen una “buena relación” con los educadores, de quienes perciben “implicación” y “cariño”.
Lo cierto es que los centros andaluces cuentan con una normativa específica de funcionamiento que no existe en todas las comunidades, que incluso insta a evitar términos como régimen disciplinario o sancionador y a clasificar los posibles conflictos que puedan surgir como faltas leves, graves o muy graves. Tanto el centro de Córdoba como el de Málaga cuentan con salas de contención, como el 68% de las instalaciones visitadas, pero carecen de puertas, un sistema de alerta vigila el interior y su uso requiere la autorización de la dirección.
Medidas correctoras. La separación del resto del grupo es una medida de corrección admitida (como restringir recreos, asignar tareas complementarias o retirar la paga) pero suele llevarse a cabo antes en la propia habitación que en salas de aislamiento. Se permite la contención física excepcional basada en la intervención de varias personas para controlar al menor, pero no se usan correas ni se administran fármacos injustificadamente. Los registros personales y de habitaciones son escasos porque, según entienden los profesionales de La Granja II o Dulce Nombre de María “dado que el objetivo es normalizar a los menores, no se aplica un régimen muy estricto”.
El informe revela así que los centros andaluces son impecables en sus formas, pero es la utilidad del sistema la que plantea dudas, porque no llega al perfil de menores que hoy requieren ayuda ni queda claro que resuelvan sus problemas.
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