FOTO: Cortesía de Ali
EL PAÍS (06/03/09)- BIBIANA AÍDOA FAVOR
La madre de Clara no podía creer que, 30 años después, su hija fuera a repetir su propia historia. La suya ocurrió a finales de los años setenta, muy poca experiencia y un embarazo a los 18. Lo cierto es que tuvo que reunir dinero, coger un avión y abortar fuera de España. Hace unos meses, Clara siguió su mismo camino porque se le diagnosticó una malformación fetal incompatible con la vida y ya superaba las 22 semanas de embarazo. Antes y ahora, estas dos mujeres tuvieron al menos posibilidades económicas para buscar una solución más allá de las fronteras españolas.
Me consta que Marcos es un buen ginecólogo aunque nunca le apeteció meterse en líos, como suele jactarse ante los amigos. Trabaja en un hospital público y no tiene ningún problema de conciencia en dictaminar si una mujer sufre por su embarazo un peligro para su salud física o psíquica. Sin embargo, nunca practicará un aborto. Se pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que mi diagnóstico no se cuestione? ¿Cómo sé que no me van a denunciar? Así que prefiere invocar la cláusula de conciencia y se quita de problemas.
Ambos casos y muchos otros podrían servir como ejemplo para argumentar por qué hay que cambiar la legislación vigente en España en materia de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué ahora?, me preguntan. ¿Y por qué no?, puede responderse. La ley actual se aprobó poco después de la primera victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, pero mucho antes de que los organismos de Naciones Unidas reconocieran el derecho a la salud sexual y reproductiva y recomendaran abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se sometan a abortos.
Su práctica está despenalizada en la mayoría de los países de la Unión Europea. Casi todos ellos tienen una ley de plazos combinada con indicaciones. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Bulgaria, Francia, Noruega y Finlandia, entre otros, contemplan un plazo de decisión libre hasta las 12 semanas de gestación. Este plazo se amplía hasta las 18 semanas en Suecia. En Holanda, llega hasta la semana 24, pero pese a ello los datos estadísticos aseguran que éste es uno de los países que menos número de abortos registra.
Quienes se oponen a que España equipare su legislación en esta materia a la de los países de su entorno; quienes se resisten a que adaptemos la norma a los conocimientos científicos actuales y subsanemos los errores de la actual ley; quienes todavía cuestionan la autonomía de las mujeres, lo que buscan es reabrir el debate público que se cerró hace 25 años. Esto es, no pretenden mejorar el instrumento con el que ahora cuentan las mujeres en nuestro país para ejercer su derecho, sino, sencillamente, abolirlo. Pero ni siquiera el Partido Popular fue capaz de hacerlo durante sus ocho años al frente del Gobierno de España. Y, ahora, desde luego, no toca.
No queremos una legislación más permisiva, sino más segura. Lo que pretendemos con la reforma de la ley es acabar con la inseguridad jurídica en materia de interrupción voluntaria del embarazo; una inseguridad que afecta, ante todo, a las mujeres, pero también a quienes, dentro del ámbito sanitario, emiten los dictámenes previos o realizan las interrupciones.
Lo que deseamos es garantizar la equidad en el acceso a esta prestación, porque la ausencia de la misma perjudica a todas las mujeres pero sobre todo a aquéllas con menor independencia o poder adquisitivo y, en especial, a jóvenes e inmigrantes.
Y en el fondo, no nos engañemos, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho a la salud sexual y reproductiva, de reducir el número de embarazos no deseados. El aborto no puede ser nunca la primera opción, no puede considerarse un método anticonceptivo. Por eso apostamos por la educación afectivo-sexual, por facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a su correcta utilización, por llevar a cabo campañas informativas hacia los colectivos más vulnerables, en definitiva, por una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Sabemos que queda un largo camino por delante. Nadie quiere que la tendencia de incremento de interrupciones voluntarias del embarazo se consolide, y para ello es necesaria una estrategia global que ponga especial énfasis en la educación y la prevención. Pero dicho esto, no podemos condenar a las mujeres que deciden someterse a un aborto añadiéndole más carga y dificultades a su dramático conflicto. Y tampoco podemos condenar a quienes las ayudan a materializar esta decisión.
Urge ofrecer a las mujeres la suficiente confianza y seguridad para que, con las máximas garantías, puedan interrumpir legal y voluntariamente su embarazo; con la carga de dolor que puede conllevar a veces, pero también con la responsabilidad de quien decide libre y humanamente sobre algo tan íntimo. Una cuestión tan privada y, al mismo tiempo, un derecho tan público cuya efectividad el Estado tiene la obligación de garantizar. Para que mujeres como Clara no tengan que marcharse fuera. Para que médicos como Marcos no tengan miedo.
EL MUNDO (06/03/09) - EDITORIAL
EN CONTRA
El comité de expertos designado por el Gobierno para la reforma de la ley del aborto ha presentado su propuesta, que la ministra de Igualdad llevará hoy para su estudio al Consejo de Ministros. En síntesis, lo que propone es una ley de plazos que permita el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo y hasta las 22 semanas cuando exista grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer o graves anomalías en el feto. Todo indica que el futuro proyecto de ley, que el Gobierno aprobará antes del verano, se ajustará en sus líneas generales a las recomendaciones de los expertos.
Antes de analizar el contenido concreto del informe, es necesario subrayar que estamos hablando de la regulación jurídica de una cuestión que afecta al ámbito moral de cada persona, por lo que es imposible que la ley -sea la que sea- satisfaga a los que consideran el aborto como un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y a quienes creen que se trata de un asesinato, por citar los dos extremos. Puesto que estamos ante lo que Isaiah Berlin denominaba «conflictos de valores o dilemas morales», es imprescindible que el Gobierno busque un punto de equilibrio que tenga en cuenta las distintas sensibilidades y los dos derechos a proteger -el de la madre y del nasciturus- de acuerdo con la doctrina del Constitucional. Creemos que la legislación que prepara el Gobierno no está basada en la búsqueda de este equilibrio, sino en satisfacer a determinados colectivos proabortistas de la izquierda clásica, provocando innecesariamente a una parte de la sociedad española y rompiendo el consenso con el PP en torno a la ley actual.
Es conveniente, en efecto, una reforma de la ley que está en vigor desde hace 24 años, ya que no ha funcionado bien y ha dado lugar a consecuencias indeseadas. España es el país donde se ha producido un mayor aumento de interrupciones de embarazo, lo que no ha impedido, sin embargo, que muchas mujeres no hayan podido acogerse a la ley en la Sanidad pública en algunas comunidades. Además, y esto es lo más grave, el hecho de que no exista plazo legal alguno para someterse a un aborto en caso de peligro para la salud física o psíquica de la madre -coladero del 97% de los abortos- puede permitir incluso el infanticidio, como ha sucedido en el caso de algunas clínicas.
Este periódico ya se ha pronunciado en favor de reformar la ley para establecer un tope de 14 semanas en el supuesto de interrupción del embarazo por riesgo para la salud de la madre y podríamos considerar aceptable una ley que fijara este plazo. Ahora bien, lo que deja en evidencia que el Gobierno no busca una regulación equilibrada ni la perfección de un derecho limitado es su ampliación hasta las 22 semanas bajo la misma coartada de riesgo «psíquico». Ello significa, en la práctica, el aborto libre hasta la semana 22 de embarazo. Ni siquiera el incremento de los mecanismos de control médico serviría de mucho, pues nada hay tan elástico como la valoración de la salud mental. Tampoco nos parece adecuado que las menores de 16 años puedan someterse a un aborto sin autorización paterna, cuando tampoco pueden votar o emanciparse de su familia. Sí consideramos, sin embargo, que el servicio público de salud debe garantizar las interrupciones del embarazo autorizadas por la ley en todas las comunidades.
La ministra Aído señaló ayer que «no se trata de hacer una ley más permisiva, sino una ley más segura». Obviamente, no es así. La nueva ley será completamente permisiva puesto que, además, cuando aborten fuera de los límites de la ley, ni las mujeres que lo hagan ni sus médicos deberán afrontar las moderadas sanciones vigentes.
Me consta que Marcos es un buen ginecólogo aunque nunca le apeteció meterse en líos, como suele jactarse ante los amigos. Trabaja en un hospital público y no tiene ningún problema de conciencia en dictaminar si una mujer sufre por su embarazo un peligro para su salud física o psíquica. Sin embargo, nunca practicará un aborto. Se pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que mi diagnóstico no se cuestione? ¿Cómo sé que no me van a denunciar? Así que prefiere invocar la cláusula de conciencia y se quita de problemas.
Ambos casos y muchos otros podrían servir como ejemplo para argumentar por qué hay que cambiar la legislación vigente en España en materia de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué ahora?, me preguntan. ¿Y por qué no?, puede responderse. La ley actual se aprobó poco después de la primera victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, pero mucho antes de que los organismos de Naciones Unidas reconocieran el derecho a la salud sexual y reproductiva y recomendaran abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se sometan a abortos.
Su práctica está despenalizada en la mayoría de los países de la Unión Europea. Casi todos ellos tienen una ley de plazos combinada con indicaciones. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Bulgaria, Francia, Noruega y Finlandia, entre otros, contemplan un plazo de decisión libre hasta las 12 semanas de gestación. Este plazo se amplía hasta las 18 semanas en Suecia. En Holanda, llega hasta la semana 24, pero pese a ello los datos estadísticos aseguran que éste es uno de los países que menos número de abortos registra.
Quienes se oponen a que España equipare su legislación en esta materia a la de los países de su entorno; quienes se resisten a que adaptemos la norma a los conocimientos científicos actuales y subsanemos los errores de la actual ley; quienes todavía cuestionan la autonomía de las mujeres, lo que buscan es reabrir el debate público que se cerró hace 25 años. Esto es, no pretenden mejorar el instrumento con el que ahora cuentan las mujeres en nuestro país para ejercer su derecho, sino, sencillamente, abolirlo. Pero ni siquiera el Partido Popular fue capaz de hacerlo durante sus ocho años al frente del Gobierno de España. Y, ahora, desde luego, no toca.
No queremos una legislación más permisiva, sino más segura. Lo que pretendemos con la reforma de la ley es acabar con la inseguridad jurídica en materia de interrupción voluntaria del embarazo; una inseguridad que afecta, ante todo, a las mujeres, pero también a quienes, dentro del ámbito sanitario, emiten los dictámenes previos o realizan las interrupciones.
Lo que deseamos es garantizar la equidad en el acceso a esta prestación, porque la ausencia de la misma perjudica a todas las mujeres pero sobre todo a aquéllas con menor independencia o poder adquisitivo y, en especial, a jóvenes e inmigrantes.
Y en el fondo, no nos engañemos, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho a la salud sexual y reproductiva, de reducir el número de embarazos no deseados. El aborto no puede ser nunca la primera opción, no puede considerarse un método anticonceptivo. Por eso apostamos por la educación afectivo-sexual, por facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a su correcta utilización, por llevar a cabo campañas informativas hacia los colectivos más vulnerables, en definitiva, por una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Sabemos que queda un largo camino por delante. Nadie quiere que la tendencia de incremento de interrupciones voluntarias del embarazo se consolide, y para ello es necesaria una estrategia global que ponga especial énfasis en la educación y la prevención. Pero dicho esto, no podemos condenar a las mujeres que deciden someterse a un aborto añadiéndole más carga y dificultades a su dramático conflicto. Y tampoco podemos condenar a quienes las ayudan a materializar esta decisión.
Urge ofrecer a las mujeres la suficiente confianza y seguridad para que, con las máximas garantías, puedan interrumpir legal y voluntariamente su embarazo; con la carga de dolor que puede conllevar a veces, pero también con la responsabilidad de quien decide libre y humanamente sobre algo tan íntimo. Una cuestión tan privada y, al mismo tiempo, un derecho tan público cuya efectividad el Estado tiene la obligación de garantizar. Para que mujeres como Clara no tengan que marcharse fuera. Para que médicos como Marcos no tengan miedo.
EL MUNDO (06/03/09) - EDITORIAL
EN CONTRA
El comité de expertos designado por el Gobierno para la reforma de la ley del aborto ha presentado su propuesta, que la ministra de Igualdad llevará hoy para su estudio al Consejo de Ministros. En síntesis, lo que propone es una ley de plazos que permita el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo y hasta las 22 semanas cuando exista grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer o graves anomalías en el feto. Todo indica que el futuro proyecto de ley, que el Gobierno aprobará antes del verano, se ajustará en sus líneas generales a las recomendaciones de los expertos.
Antes de analizar el contenido concreto del informe, es necesario subrayar que estamos hablando de la regulación jurídica de una cuestión que afecta al ámbito moral de cada persona, por lo que es imposible que la ley -sea la que sea- satisfaga a los que consideran el aborto como un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y a quienes creen que se trata de un asesinato, por citar los dos extremos. Puesto que estamos ante lo que Isaiah Berlin denominaba «conflictos de valores o dilemas morales», es imprescindible que el Gobierno busque un punto de equilibrio que tenga en cuenta las distintas sensibilidades y los dos derechos a proteger -el de la madre y del nasciturus- de acuerdo con la doctrina del Constitucional. Creemos que la legislación que prepara el Gobierno no está basada en la búsqueda de este equilibrio, sino en satisfacer a determinados colectivos proabortistas de la izquierda clásica, provocando innecesariamente a una parte de la sociedad española y rompiendo el consenso con el PP en torno a la ley actual.
Es conveniente, en efecto, una reforma de la ley que está en vigor desde hace 24 años, ya que no ha funcionado bien y ha dado lugar a consecuencias indeseadas. España es el país donde se ha producido un mayor aumento de interrupciones de embarazo, lo que no ha impedido, sin embargo, que muchas mujeres no hayan podido acogerse a la ley en la Sanidad pública en algunas comunidades. Además, y esto es lo más grave, el hecho de que no exista plazo legal alguno para someterse a un aborto en caso de peligro para la salud física o psíquica de la madre -coladero del 97% de los abortos- puede permitir incluso el infanticidio, como ha sucedido en el caso de algunas clínicas.
Este periódico ya se ha pronunciado en favor de reformar la ley para establecer un tope de 14 semanas en el supuesto de interrupción del embarazo por riesgo para la salud de la madre y podríamos considerar aceptable una ley que fijara este plazo. Ahora bien, lo que deja en evidencia que el Gobierno no busca una regulación equilibrada ni la perfección de un derecho limitado es su ampliación hasta las 22 semanas bajo la misma coartada de riesgo «psíquico». Ello significa, en la práctica, el aborto libre hasta la semana 22 de embarazo. Ni siquiera el incremento de los mecanismos de control médico serviría de mucho, pues nada hay tan elástico como la valoración de la salud mental. Tampoco nos parece adecuado que las menores de 16 años puedan someterse a un aborto sin autorización paterna, cuando tampoco pueden votar o emanciparse de su familia. Sí consideramos, sin embargo, que el servicio público de salud debe garantizar las interrupciones del embarazo autorizadas por la ley en todas las comunidades.
La ministra Aído señaló ayer que «no se trata de hacer una ley más permisiva, sino una ley más segura». Obviamente, no es así. La nueva ley será completamente permisiva puesto que, además, cuando aborten fuera de los límites de la ley, ni las mujeres que lo hagan ni sus médicos deberán afrontar las moderadas sanciones vigentes.
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