EL PAÍS (24/04/09) - EDITORIAL
Fracaso del ejecutivo
Fracaso del ejecutivo
El escalofriante dato de que en el primer trimestre de este año se han superado los cuatro millones de parados, una cantidad nunca vista en España, y el hecho de que haya más de un millón de familias con todos sus miembros en paro, es razón suficiente para suponer que la gestión política de la recesión económica ha constituido hasta el momento un sonoro fracaso.
La principal tarea asignada por la ciudadanía desde que arrancó la crisis al equipo económico del Gobierno consistía en evitar el desempleo masivo y los perniciosos efectos sociales -como la depauperización y un probable aumento de la delincuencia- que se derivan del hundimiento del empleo; pues bien, en un solo trimestre el paro ha aumentado en más de 800.000 personas y en tres meses la tasa de paro está 1,5 puntos por encima de lo que preveía el Gobierno para todo el año.
El mercado de trabajo está en situación de emergencia y la credibilidad de las previsiones económicas del Ejecutivo se ha esfumado.
Las causas de este fracaso y de la alarma que cunde entre los ciudadanos, sobre todo entre los afectados por el crash laboral, se resumen en dos. La primera es el tenaz negacionismo del Gobierno, empeñado durante muchos meses en minimizar la profundidad de la crisis financiera y el alcance de la recesión. Este negacionismo, en el que ha sido especialmente activo hasta hace exactamente dos días el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, alentado por el desconcertante optimismo del presidente Rodríguez Zapatero, ha favorecido que no se tomen decisiones preventivas sobre un eventual hundimiento del empleo. Hoy, cuando ya se ha hundido, el equipo económico no tiene todavía un plan articulado para crear empleo y evitar la caída de una parte de los parados en la miseria.
La segunda causa hay que buscarla en las balbuceantes medidas de estímulo de la demanda. El Gobierno ha combinado medidas erróneas -como la tristemente famosa paga de 400 euros- con otras más acertadas. Pero incluso las más correctas se han estropeado por una gestión política desmañada. El plan de inversión municipal de 8.000 millones de euros era una buena idea, pero los ministerios se encargaron de diluirla al renunciar a cualquier tipo de análisis previo de los proyectos de inversión. Parte del dinero se ha perdido en gastos poco rentables en empleo o simplemente disparatados.
Las consecuencias del negacionismo y de la gestión negligente de los planes económicos han llevado al mercado laboral español a una crisis difícil de mejorar y con unas consecuencias políticas que pueden ser devastadoras. Aunque se cumplan las predicciones de que cuanto más rápido sea el ajuste laboral más rápida será la recuperación, y no se alcance en 2009 el borde del abismo de los cinco millones de parados, el problema que se plantea en el horizonte es que la economía española tendrá que convivir durante largo tiempo con tasas de desempleo de entre el 18% y el 19%, a pesar de que vuelva a tasas positivas de crecimiento.
El colapso bancario, la debilidad de la demanda y la falta de un modelo de crecimiento que releve al ladrillo impedirán que la actividad absorba el empleo destruido hasta ahora. Lo más probable es que en las elecciones de 2012 las tasas de crecimiento serán tan modestas que la tasa de paro no será muy inferior al 18%.
Rodríguez Zapatero y su equipo económico todavía están a tiempo de recuperar la iniciativa con un amplio plan económico que incluya nuevos planes de inversión pública adecuadamente gestionados, avales que permitan a los entes públicos pagar a los proveedores, una resolución firme de la crisis que afecta a bancos y cajas -liquidando las que no resulten estratégicas para el sistema-, una ampliación inmediata de la cobertura de desempleo y un plan de acción concertada con las comunidades autónomas. Pero para que los agentes económicos y los ciudadanos confíen en que el Gobierno es capaz de una acción enérgica, es imprescindible que el Gobierno abandone de una vez por todas ese optimismo congénito que distorsiona las previsiones económicas y de los inversores. Por el buen camino va la vicepresidenta de Economía cuando anuncia que queda margen financiero para establecer nuevos planes económicos para estimular la demanda; pero se equivoca cuando asegura que a partir de abril el empleo caerá con menor intensidad. Ésta es, para el presidente y para la vicepresidenta Elena Salgado, la hora más decisiva; la hora de no cometer más errores.
La principal tarea asignada por la ciudadanía desde que arrancó la crisis al equipo económico del Gobierno consistía en evitar el desempleo masivo y los perniciosos efectos sociales -como la depauperización y un probable aumento de la delincuencia- que se derivan del hundimiento del empleo; pues bien, en un solo trimestre el paro ha aumentado en más de 800.000 personas y en tres meses la tasa de paro está 1,5 puntos por encima de lo que preveía el Gobierno para todo el año.
El mercado de trabajo está en situación de emergencia y la credibilidad de las previsiones económicas del Ejecutivo se ha esfumado.
Las causas de este fracaso y de la alarma que cunde entre los ciudadanos, sobre todo entre los afectados por el crash laboral, se resumen en dos. La primera es el tenaz negacionismo del Gobierno, empeñado durante muchos meses en minimizar la profundidad de la crisis financiera y el alcance de la recesión. Este negacionismo, en el que ha sido especialmente activo hasta hace exactamente dos días el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, alentado por el desconcertante optimismo del presidente Rodríguez Zapatero, ha favorecido que no se tomen decisiones preventivas sobre un eventual hundimiento del empleo. Hoy, cuando ya se ha hundido, el equipo económico no tiene todavía un plan articulado para crear empleo y evitar la caída de una parte de los parados en la miseria.
La segunda causa hay que buscarla en las balbuceantes medidas de estímulo de la demanda. El Gobierno ha combinado medidas erróneas -como la tristemente famosa paga de 400 euros- con otras más acertadas. Pero incluso las más correctas se han estropeado por una gestión política desmañada. El plan de inversión municipal de 8.000 millones de euros era una buena idea, pero los ministerios se encargaron de diluirla al renunciar a cualquier tipo de análisis previo de los proyectos de inversión. Parte del dinero se ha perdido en gastos poco rentables en empleo o simplemente disparatados.
Las consecuencias del negacionismo y de la gestión negligente de los planes económicos han llevado al mercado laboral español a una crisis difícil de mejorar y con unas consecuencias políticas que pueden ser devastadoras. Aunque se cumplan las predicciones de que cuanto más rápido sea el ajuste laboral más rápida será la recuperación, y no se alcance en 2009 el borde del abismo de los cinco millones de parados, el problema que se plantea en el horizonte es que la economía española tendrá que convivir durante largo tiempo con tasas de desempleo de entre el 18% y el 19%, a pesar de que vuelva a tasas positivas de crecimiento.
El colapso bancario, la debilidad de la demanda y la falta de un modelo de crecimiento que releve al ladrillo impedirán que la actividad absorba el empleo destruido hasta ahora. Lo más probable es que en las elecciones de 2012 las tasas de crecimiento serán tan modestas que la tasa de paro no será muy inferior al 18%.
Rodríguez Zapatero y su equipo económico todavía están a tiempo de recuperar la iniciativa con un amplio plan económico que incluya nuevos planes de inversión pública adecuadamente gestionados, avales que permitan a los entes públicos pagar a los proveedores, una resolución firme de la crisis que afecta a bancos y cajas -liquidando las que no resulten estratégicas para el sistema-, una ampliación inmediata de la cobertura de desempleo y un plan de acción concertada con las comunidades autónomas. Pero para que los agentes económicos y los ciudadanos confíen en que el Gobierno es capaz de una acción enérgica, es imprescindible que el Gobierno abandone de una vez por todas ese optimismo congénito que distorsiona las previsiones económicas y de los inversores. Por el buen camino va la vicepresidenta de Economía cuando anuncia que queda margen financiero para establecer nuevos planes económicos para estimular la demanda; pero se equivoca cuando asegura que a partir de abril el empleo caerá con menor intensidad. Ésta es, para el presidente y para la vicepresidenta Elena Salgado, la hora más decisiva; la hora de no cometer más errores.
EL MUNDO (26/04/09) - EDITORIAL
Sólo con ideología no basta
Sólo con ideología no basta
La conmoción social que ha producido la noticia de que en España hay ya más de cuatro millones de parados empujó ayer al presidente del Gobierno y al líder de la oposición a exponer sus recetas para resolver lo que -ya nadie duda- es una situación de emergencia. Lo hicieron en sendos mítines, casi a la misma hora. Zapatero en el Congreso de los socialistas gallegos y Rajoy en Madrid en un acto preelectoral de las europeas. Un primer análisis general arroja una conclusión pesimista para los cuatro millones de parados y para todos los ciudadanos, corran o no el peligro de perder su empleo: el pacto de Estado, que cada día piden más voces, está lejos porque el presidente del Gobierno ha decidido aferrarse al gasto público y marcar con una cruz de anti social el sentido de ese acuerdo. Según Zapatero, las voces que desde distintos ámbitos ideológicos reclaman un pacto, lo que quieren en realidad es recortar las prestaciones y abaratar el despido.
En resumen, Zapatero sólo tiene una receta para los cuatro millones de parados: más gasto público. Por eso está dispuesto a repartir entre las autonomías 9.000 millones adicionales para que continúen despilfarrando el dinero. Tal y como contamos hoy en el suplemento Mercados, las comunidades autónomas han disparado sus gastos, a pesar de la crisis, y no se puede decir que todo ese dinero vaya destinado a servicios básicos o a inversiones que produzcan riqueza. El ejemplo más escandaloso son los millones que se gasta la Generalitat en sus embajadas en el extranjero o en impulsar el catalán en lugares como Ecuador, pero hay otros en casi todas las autonomías. Zapatero tiene un problema con el PSC y la forma de solucionarlo es inyectar ese dinero en unas autonomías cada vez más endeudadas.
Ello resulta tan bochornoso como el intento del presidente del Gobierno de descalificar a los que piden una reforma del mercado laboral como enemigos de los trabajadores, en una simplificación que ofende a la inteligencia. Sólo dos ejemplos para desmontar la demagogia. Primero: una nueva regulación de los contratos no está reñida con aumentar el tiempo de la prestación por desempleo. Segundo: el contrato con indemnización de ocho días que pide la CEOE crearía más empleo fijo, que es el objetivo de cualquier trabajador. Así pues, como gráficamente dijo ayer Rajoy, no hay «salidas socialistas» a la crisis ni la situación admite «extravagancias ideológicas, como no las admite el trasplante de riñón, la fabricación de coches o la enseñanza del inglés». En ese capítulo de extravagancias cabe anotar la medida anunciada por la vicepresidenta primera de examinar a las amas de casa para darles un título que las habilite como ciudadoras de niños y ancianos. Tal y como está el mercado de trabajo, la medida incrementará la población activa, por lo tanto el paro.
Las recetas del PP -expuestas en un mitin donde Rajoy confirmó que quiere convertir las europeas en una moción de censura contra Zapatero- parecen más realistas, puesto que parten de frenar el gasto público, favorecer la actividad de los autónomos y Pymes con una rebaja de impuestos y reformar el mercado laboral. Bien es verdad que en este último capítulo, el PP no ha concretado, porque teme perder votos si lo hace. No es posible obviar que la emergencia del aumento del paro llega en vísperas de unas elecciones europeas en las que ni el PSOE ni el PP tienen la menor intención de hablar de Europa. Los socialistas -como se puede comprobar en el vídeo difundido ayer- quieren hacer del 7-J la segunda vuelta de las elecciones americanas que ganó Obama, siendo Zapatero -claro- el alter ego de Obama, mientras que el PP quiere que sean la primera vuelta de las próximas generales. Los cuatro millones de parados serán un argumento de campaña. Y Zapatero tiene todas las papeletas para que le pasen la factura.
En resumen, Zapatero sólo tiene una receta para los cuatro millones de parados: más gasto público. Por eso está dispuesto a repartir entre las autonomías 9.000 millones adicionales para que continúen despilfarrando el dinero. Tal y como contamos hoy en el suplemento Mercados, las comunidades autónomas han disparado sus gastos, a pesar de la crisis, y no se puede decir que todo ese dinero vaya destinado a servicios básicos o a inversiones que produzcan riqueza. El ejemplo más escandaloso son los millones que se gasta la Generalitat en sus embajadas en el extranjero o en impulsar el catalán en lugares como Ecuador, pero hay otros en casi todas las autonomías. Zapatero tiene un problema con el PSC y la forma de solucionarlo es inyectar ese dinero en unas autonomías cada vez más endeudadas.
Ello resulta tan bochornoso como el intento del presidente del Gobierno de descalificar a los que piden una reforma del mercado laboral como enemigos de los trabajadores, en una simplificación que ofende a la inteligencia. Sólo dos ejemplos para desmontar la demagogia. Primero: una nueva regulación de los contratos no está reñida con aumentar el tiempo de la prestación por desempleo. Segundo: el contrato con indemnización de ocho días que pide la CEOE crearía más empleo fijo, que es el objetivo de cualquier trabajador. Así pues, como gráficamente dijo ayer Rajoy, no hay «salidas socialistas» a la crisis ni la situación admite «extravagancias ideológicas, como no las admite el trasplante de riñón, la fabricación de coches o la enseñanza del inglés». En ese capítulo de extravagancias cabe anotar la medida anunciada por la vicepresidenta primera de examinar a las amas de casa para darles un título que las habilite como ciudadoras de niños y ancianos. Tal y como está el mercado de trabajo, la medida incrementará la población activa, por lo tanto el paro.
Las recetas del PP -expuestas en un mitin donde Rajoy confirmó que quiere convertir las europeas en una moción de censura contra Zapatero- parecen más realistas, puesto que parten de frenar el gasto público, favorecer la actividad de los autónomos y Pymes con una rebaja de impuestos y reformar el mercado laboral. Bien es verdad que en este último capítulo, el PP no ha concretado, porque teme perder votos si lo hace. No es posible obviar que la emergencia del aumento del paro llega en vísperas de unas elecciones europeas en las que ni el PSOE ni el PP tienen la menor intención de hablar de Europa. Los socialistas -como se puede comprobar en el vídeo difundido ayer- quieren hacer del 7-J la segunda vuelta de las elecciones americanas que ganó Obama, siendo Zapatero -claro- el alter ego de Obama, mientras que el PP quiere que sean la primera vuelta de las próximas generales. Los cuatro millones de parados serán un argumento de campaña. Y Zapatero tiene todas las papeletas para que le pasen la factura.
DIARIO DE SEVILLA (25/04/09)
Reforma laboral
Reforma laboral
La situación del mercado de trabajo toma tintes dramáticos: el total de parados en España es el más alto de nuestra historia y en el último año se han destruido todos los empleos creados en los últimos cuatro. La última EPA refleja que estamos a punto de perder la cota de los 19 millones de empleados en España y que Andalucía ya está por debajo de los 3 millones. El empleo se destruye a tasas de casi el 7% en el conjunto de España (8% en Andalucía). Pero esta destrucción no se distribuye por igual entre todos los trabajadores: casi la totalidad se centra en la población de menos de 35 años y entre aquéllos con educación obligatoria o inferior. Es más, todo el empleo destruido el último año es empleo temporal. La flexibilidad de salida de nuestro mercado de trabajo es extrema pero no se distribuye de manera igualitaria entre todos los empleados: son sólo el tercio de trabajadores con contrato temporal los que sufren de manera totalmente injusta el ajuste de plantillas que las empresas están realizando cada vez con mayor intensidad.
Esta semana ha surgido una "Propuesta por la Reactivación Laboral en España" (www.crisis09.es) que identifica la causa fundamental de este comportamiento en la dualidad existente entre trabajadores temporales e indefinidos. En España existen básicamente dos formas de contratar cuya diferencia fundamental es el coste asociado con el despido: un trabajador con contrato temporal puede ser despedido con un coste de entre 0 y 8 días por año trabajado, mientras que con un contrato indefinido el coste de despedir es de 45 días, en la mayoría de los casos. Es esta enorme distancia en coste lo que impide que las empresas afronten la contratación de manera más racional.
Por ello, se propone acabar con la excesiva flexibilidad actual mediante la sustitución de los contratos actuales por una nueva figura para las nuevas contrataciones (los derechos de los actuales empleados permanecen inalterados): un contrato único que ofrezca algo más de 8 días de indemnización durante el primer año de trabajo, creciendo dicha cuantía de manera más suave, hasta alcanzar un máximo por año trabajado en el entorno de lo existente en la OCDE.
Pero esto no es suficiente. También se necesita un mayor esfuerzo de formación con los parados más desaventajados. De hecho, la necesaria mayor cobertura en subsidios por desempleo mientras dure la crisis debería ofrecerse junto a programas de formación para los 240.000 andaluces que han perdido su empleo el último año y que cuentan, en su mayoría, con un nivel de cualificación muy bajo. Estos cursos deberían centrarse en futuros nichos de empleo como son, por ejemplo, las tareas relacionadas con la dependencia. Además deberían ofrecerse de manera más competitiva, tratando que se realicen básicamente en los centros que han demostrado especial eficacia en la formación y colocación de sus alumnos en el pasado.
En definitiva, como ha dicho el nuevo presidente andaluz: debemos centrar nuestros afanes en los que más lo necesitan. Los que más necesitan que cambien nuestras instituciones laborales y que les apoyemos de manera decidida en este difícil momento son los jóvenes y aquéllos con nivel educativo bajo. La formación de éstos es una tarea imprescindible para el cambio de modelo productivo que necesita nuestra región.
Esta semana ha surgido una "Propuesta por la Reactivación Laboral en España" (www.crisis09.es) que identifica la causa fundamental de este comportamiento en la dualidad existente entre trabajadores temporales e indefinidos. En España existen básicamente dos formas de contratar cuya diferencia fundamental es el coste asociado con el despido: un trabajador con contrato temporal puede ser despedido con un coste de entre 0 y 8 días por año trabajado, mientras que con un contrato indefinido el coste de despedir es de 45 días, en la mayoría de los casos. Es esta enorme distancia en coste lo que impide que las empresas afronten la contratación de manera más racional.
Por ello, se propone acabar con la excesiva flexibilidad actual mediante la sustitución de los contratos actuales por una nueva figura para las nuevas contrataciones (los derechos de los actuales empleados permanecen inalterados): un contrato único que ofrezca algo más de 8 días de indemnización durante el primer año de trabajo, creciendo dicha cuantía de manera más suave, hasta alcanzar un máximo por año trabajado en el entorno de lo existente en la OCDE.
Pero esto no es suficiente. También se necesita un mayor esfuerzo de formación con los parados más desaventajados. De hecho, la necesaria mayor cobertura en subsidios por desempleo mientras dure la crisis debería ofrecerse junto a programas de formación para los 240.000 andaluces que han perdido su empleo el último año y que cuentan, en su mayoría, con un nivel de cualificación muy bajo. Estos cursos deberían centrarse en futuros nichos de empleo como son, por ejemplo, las tareas relacionadas con la dependencia. Además deberían ofrecerse de manera más competitiva, tratando que se realicen básicamente en los centros que han demostrado especial eficacia en la formación y colocación de sus alumnos en el pasado.
En definitiva, como ha dicho el nuevo presidente andaluz: debemos centrar nuestros afanes en los que más lo necesitan. Los que más necesitan que cambien nuestras instituciones laborales y que les apoyemos de manera decidida en este difícil momento son los jóvenes y aquéllos con nivel educativo bajo. La formación de éstos es una tarea imprescindible para el cambio de modelo productivo que necesita nuestra región.