Celestino Corbacho. FOTO: Expansión
CANALSOLIDARIO (06/05/09)
La hospitalidad ya no será perseguida
El Gobierno ha adelantado que cambiará el artículo del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que perseguía a las personas y colectivos sociales que prestasen ayuda humanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
El polémico proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tantas críticas ha recibido, será suavizado por el Gobierno, tras escuchar las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Económico y Social, del Foro Social para la Integración de los Inmigrantes y del Consejo General de la Abogacía Española.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que cambiará el artículo, "bien porque estaba mal redactado, bien porque se entendió mal", en el que perseguía a las personas y colectivos sociales que prestasen ayuda humanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
"Ahora hay que esperar a que esta medida se recoja en el proyecto de ley, porque aún no está redactado. Y esperemos que no existan imposiciones europeas al respecto, ya que en Francia no es sanción administrativa, sino delito", afirma Julián Carlos Ríos, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la plataforma 'Salvemos la hospitalidad'. "Lo que parece claro con las adhesiones que hemos tenido y las sensibilidad de los medios de comunicación es que los ciudadanos no permiten que un valor tan importante como la solidaridad sea cuestionado y sancionado", añade.
Asimismo, según el ministro, se introducirá el derecho de "los menores inmigrantes no acompañados a ser escuchados antes de su repatriación", que no estaba contemplado en el actual borrador, a pesar de que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional obligaba a ello.
Corbacho ha derivado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la responsabilidad de decidir sobre la ampliación del tiempo máximo de permanencia de los 'sin papeles' en los centros de internamiento. En teoría, se pasa de 40 a 60 días, pero el actual texto fija una serie de excepciones que, en la práctica, llevan a que las retenciones puedan durar hasta año y medio.
Al igual, tampoco queda claro que se vaya a enmendar la parte de la ley en la que se quita capacidad de decisión a las ONG. Las restricciones a la reagrupación familiar, que se limita a los ascendientes mayores de 65 años, también se quedan como estaban, a pesar de las críticas.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que cambiará el artículo, "bien porque estaba mal redactado, bien porque se entendió mal", en el que perseguía a las personas y colectivos sociales que prestasen ayuda humanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
"Ahora hay que esperar a que esta medida se recoja en el proyecto de ley, porque aún no está redactado. Y esperemos que no existan imposiciones europeas al respecto, ya que en Francia no es sanción administrativa, sino delito", afirma Julián Carlos Ríos, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la plataforma 'Salvemos la hospitalidad'. "Lo que parece claro con las adhesiones que hemos tenido y las sensibilidad de los medios de comunicación es que los ciudadanos no permiten que un valor tan importante como la solidaridad sea cuestionado y sancionado", añade.
Asimismo, según el ministro, se introducirá el derecho de "los menores inmigrantes no acompañados a ser escuchados antes de su repatriación", que no estaba contemplado en el actual borrador, a pesar de que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional obligaba a ello.
Corbacho ha derivado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la responsabilidad de decidir sobre la ampliación del tiempo máximo de permanencia de los 'sin papeles' en los centros de internamiento. En teoría, se pasa de 40 a 60 días, pero el actual texto fija una serie de excepciones que, en la práctica, llevan a que las retenciones puedan durar hasta año y medio.
Al igual, tampoco queda claro que se vaya a enmendar la parte de la ley en la que se quita capacidad de decisión a las ONG. Las restricciones a la reagrupación familiar, que se limita a los ascendientes mayores de 65 años, también se quedan como estaban, a pesar de las críticas.
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