EDITH PIAF
DIAGONAL Nº 104 (11/06/09) - F. JAVIER AGUAYOUn millón de empleos precarios
Con la crisis económica, el número de personas que se encuentran el círculo vicioso del trabajo en negro no deja de crecer. Jóvenes precarios, mujeres dedicadas a los cuidados y ‘sin papeles’ son los principales afectados.
Si de economía sumergida se trata, sólo Italia supera al Estado español entre los países de la OCDE. En el Estado español, más de un millón de personas se han pasado a la economía informal en el último año, según el cotejo de los datos de la Encuesta de Población Activa y la Seguridad Social. “Trabajar en negro significa vivir en un estado permanente de inseguridad, al albur de lo que quiera decidir el empresario y, en definitiva, es una forma más de despojar de derechos a las clases trabajadoras y de ahondar en la precariedad ya existente”, afirma José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral.
Multitud de empresas han aprovechado la situación de dificultad económica actual para fomentar este tipo de relación laboral de dudosa legalidad. “Se genera una relación civil y, como tal, el trabajador carece de la más mínima cobertura legal y pierde todos los derechos propios de un empleado por cuenta ajena. Ante eso, el trabajador se suele encontrar indefenso, pues aunque podría denunciar, resulta muy complicado demostrar que ha habido una relación laboral entre ambas partes”, apunta Diego de las Barreras, abogado laboralista y miembro del sindicato CGT.
En un año, muchas empresas han despedido a trabajadores a los que, con objeto de evitar pagarles la cotización a la Seguridad Social, volvían a contratar bajo cuerda. “Incluso los contratan como falsos autónomos, con lo que es el propio trabajador el que acaba pagando sus propias cotizaciones y se despoja de múltiples derechos laborales”, sentencia Carretero al referirse a un fenómeno que surge de la reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo de 1999.
Pérdida de derechos
Los 240.000 millones de euros que alcanza la economía sumergida en el Estado español justifican por sí solos la masiva implantación del trabajo informal. Además de cientos de miles de trabajadores precarios en negro, mujeres dedicadas a trabajos de cuidados o inmigrantes ‘sin papeles’, las actividades delictivas como el tráfico de armas o drogas ocupan un papel preponderante en el mercado informal, sobre todo en el volumen de dinero movilizado.
Pero el mercado negro no explica por sí solo el repunte de las relaciones laborales informales. La Asociación de Trabajadores Autónomos advierte de que un 60% del millón de personas que trabajan sin ningún tipo de contrato son asalariados que han perdido su empleo, mientras un 20% de los mismos serían aquellos que completan sus ingresos ‘legales’ en la economía sumergida. Vivir en esa situación supone la pérdida de derechos laborales, pues imposibilita acceder a vacaciones remuneradas, aumentos salariales o bajas por enfermedad, entre una larga lista de problemas añadidos para la gente que se ve obligada a trabajar en negro.
“Se está plantando una semilla muy oscura para el futuro del trabajador, los jóvenes van a tener muy difícil acceder a una pensión, pues se incorporan cada vez más tarde al mercado e incluso habrá cada vez más gente que no alcance a cotizar el mínimo de 15 años”, afirma a DIAGONAL el economista Pedro Montes. En la actualidad, una persona con una pensión no contributiva, lo que significa que ha cotizado menos de 15 años a la Seguridad Social, recibe menos de 400 euros al mes. Desgravaciones fiscales por la adquisición de una vivienda, ayudas al alquiler o becas de estudio a los hijos menores son sólo algunas de las subvenciones a las que el trabajador que ‘no existe’ no puede acceder.
Sin contratos
No obstante, determinados sectores van a sufrir con más intensidad esa situación. “La primera víctima de la precarización más profunda en las relaciones laborales es el inmigrante, porque el que no tiene papeles se ve expulsado de su puesto de trabajo y le resulta imposible conseguir la residencia legal por vía del arraigo social”, señala Federico Pacheco, miembro del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) de Almería. Al tiempo, aquellos migrantes que han de renovar su residencia requieren trabajar al menos la mitad de los dos períodos consecutivos de dos años exigidos para quedarse de forma permanente en el país, y de no hacerlo volverían a la irregularidad. “El empresario no hace contrato, por lo que se genera una mafia de empresarios, gestorías y políticos locales que venden los contratos a precios altísimos”, concluye Pacheco.
En un clima de represión, y con al menos medio millón de migrantes en la economía informal, el hecho de tener una orden de expulsión hace imposible la legalización por la vía del arraigo, el cauce más habitual utilizado por las personas sin papeles.
Mientras algunos expertos vaticinan que a finales de 2009 se alcanzará la cifra de cinco millones de parados, los ecos de la ineficacia de los institutos regionales de empleo no paran de aumentar. “La idea de encontrar una alternativa privada al INEM circula por la UE desde que el año pasado se aprobó una directiva en la que se daba de plazo hasta 2011 para revisar las prohibiciones de los Estados miembros a este tipo de empresas, para ver si son racionales desde un punto de vista neoliberal”, apunta José Luis Carretero. Según este profesor, se trataría de demostrar que los servicios públicos son poco eficientes y de dinamizar el mercado de búsqueda de empleo por medio de las empresas de trabajo temporal.
LOS PROBLEMAS DE TRABAJAR EN NEGRO
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Quienes se ven obligados a aceptar una relación en negro están expuestos a sufrir accidentes laborales con más frecuencia que quienes tienen un contrato regulado. Sus condiciones de seguridad no han superado el estándar mínimo de una inspección de trabajo. Además, la dificultad para justificar la relación hace casi imposible la denuncia en caso de accidente.
BAJAS POR ENFERMEDAD
El modelo precario está implantado absolutamente en el mercado informal: si alguien está enfermo y no trabaja, no cobra, y puede que no recupere nunca el empleo. A esto se une el acoso laboral, más frecuente aún en este campo.
PARO, SEGURIDAD SOCIAL, JUBILACIÓN
Los trabajadores de este mercado no tienen derecho a subsidio de desempleo y engrosan las listas de beneficiarios de la Seguridad Social. Si, a lo largo de su vida, una persona no cotiza 15 años en cualquier régimen de la SS, sólo tiene derecho a una pensión de 400 euros.
ACCESO A LA VIVIENDA
Ayudas como la que impulsó el Gobierno de Zapatero de 400 euros para el alquiler están fuera del alcance de este sector. Del mismo modo, en negro es casi imposible cumplir los requisitos exigidos por los propietarios para alquilar un piso.
... Y SI ENCIMA NO TIENES PAPELES...
REQUISITOS PARA LA RESIDENCIA
Para justificar el arraigo ante la autoridad, las personas migrantes tienen que trabajar con contrato seis meses al año durante un mínimo de cuatro años. Pese a que en teoría el acceso a la salud y la educación está reconocidos para los ‘sin papeles’, no son pocos los que evitan utilizar estos servicios por miedo a ser expulsados.
CONTROLES DE IDENTIDAD
Desde marzo de 2008 se han multiplicado los controles de identidad en calles, plazas, intercambiadores de transporte... La apertura de los trámites de expulsión suponen un obstáculo más para conseguir los papeles por arraigo y una fuente continua de miedo para los ‘sin papeles’. No tener papeles dificulta enormemente la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler.
ACTIVIDAD PENAL EQUIVALE A EXPULSIÓN
Al no poder trabajar en la economía formal, muchos ‘sin papeles’ se ven obligados a sacar dinero de actividades ilegales, como el top manta o el menudeo de drogas, que pueden conllevar una orden de expulsión si la cantidad de droga convierte la tenencia en un delito penal. Trabajos vinculados a la inmigración como la venta de copias pirata pueden suponer, con el actual Código, penas de hasta dos años de cárcel.
PERSECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO SOLIDARIO
SOS Racismo denuncia que “con la disculpa de perseguir a las mafias” se ha creado el artículo 53 c) del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que penaliza con multas de hasta 10.000 euros a quien favorezca la permanencia de personas inmigrantes mediante el llamado “empadronamiento solidario” de ‘sin papeles’, otra vuelta de tuerca que dificulta su acceso al trabajo legal.
Si de economía sumergida se trata, sólo Italia supera al Estado español entre los países de la OCDE. En el Estado español, más de un millón de personas se han pasado a la economía informal en el último año, según el cotejo de los datos de la Encuesta de Población Activa y la Seguridad Social. “Trabajar en negro significa vivir en un estado permanente de inseguridad, al albur de lo que quiera decidir el empresario y, en definitiva, es una forma más de despojar de derechos a las clases trabajadoras y de ahondar en la precariedad ya existente”, afirma José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral.
Multitud de empresas han aprovechado la situación de dificultad económica actual para fomentar este tipo de relación laboral de dudosa legalidad. “Se genera una relación civil y, como tal, el trabajador carece de la más mínima cobertura legal y pierde todos los derechos propios de un empleado por cuenta ajena. Ante eso, el trabajador se suele encontrar indefenso, pues aunque podría denunciar, resulta muy complicado demostrar que ha habido una relación laboral entre ambas partes”, apunta Diego de las Barreras, abogado laboralista y miembro del sindicato CGT.
En un año, muchas empresas han despedido a trabajadores a los que, con objeto de evitar pagarles la cotización a la Seguridad Social, volvían a contratar bajo cuerda. “Incluso los contratan como falsos autónomos, con lo que es el propio trabajador el que acaba pagando sus propias cotizaciones y se despoja de múltiples derechos laborales”, sentencia Carretero al referirse a un fenómeno que surge de la reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo de 1999.
Pérdida de derechos
Los 240.000 millones de euros que alcanza la economía sumergida en el Estado español justifican por sí solos la masiva implantación del trabajo informal. Además de cientos de miles de trabajadores precarios en negro, mujeres dedicadas a trabajos de cuidados o inmigrantes ‘sin papeles’, las actividades delictivas como el tráfico de armas o drogas ocupan un papel preponderante en el mercado informal, sobre todo en el volumen de dinero movilizado.
Pero el mercado negro no explica por sí solo el repunte de las relaciones laborales informales. La Asociación de Trabajadores Autónomos advierte de que un 60% del millón de personas que trabajan sin ningún tipo de contrato son asalariados que han perdido su empleo, mientras un 20% de los mismos serían aquellos que completan sus ingresos ‘legales’ en la economía sumergida. Vivir en esa situación supone la pérdida de derechos laborales, pues imposibilita acceder a vacaciones remuneradas, aumentos salariales o bajas por enfermedad, entre una larga lista de problemas añadidos para la gente que se ve obligada a trabajar en negro.
“Se está plantando una semilla muy oscura para el futuro del trabajador, los jóvenes van a tener muy difícil acceder a una pensión, pues se incorporan cada vez más tarde al mercado e incluso habrá cada vez más gente que no alcance a cotizar el mínimo de 15 años”, afirma a DIAGONAL el economista Pedro Montes. En la actualidad, una persona con una pensión no contributiva, lo que significa que ha cotizado menos de 15 años a la Seguridad Social, recibe menos de 400 euros al mes. Desgravaciones fiscales por la adquisición de una vivienda, ayudas al alquiler o becas de estudio a los hijos menores son sólo algunas de las subvenciones a las que el trabajador que ‘no existe’ no puede acceder.
Sin contratos
No obstante, determinados sectores van a sufrir con más intensidad esa situación. “La primera víctima de la precarización más profunda en las relaciones laborales es el inmigrante, porque el que no tiene papeles se ve expulsado de su puesto de trabajo y le resulta imposible conseguir la residencia legal por vía del arraigo social”, señala Federico Pacheco, miembro del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) de Almería. Al tiempo, aquellos migrantes que han de renovar su residencia requieren trabajar al menos la mitad de los dos períodos consecutivos de dos años exigidos para quedarse de forma permanente en el país, y de no hacerlo volverían a la irregularidad. “El empresario no hace contrato, por lo que se genera una mafia de empresarios, gestorías y políticos locales que venden los contratos a precios altísimos”, concluye Pacheco.
En un clima de represión, y con al menos medio millón de migrantes en la economía informal, el hecho de tener una orden de expulsión hace imposible la legalización por la vía del arraigo, el cauce más habitual utilizado por las personas sin papeles.
Mientras algunos expertos vaticinan que a finales de 2009 se alcanzará la cifra de cinco millones de parados, los ecos de la ineficacia de los institutos regionales de empleo no paran de aumentar. “La idea de encontrar una alternativa privada al INEM circula por la UE desde que el año pasado se aprobó una directiva en la que se daba de plazo hasta 2011 para revisar las prohibiciones de los Estados miembros a este tipo de empresas, para ver si son racionales desde un punto de vista neoliberal”, apunta José Luis Carretero. Según este profesor, se trataría de demostrar que los servicios públicos son poco eficientes y de dinamizar el mercado de búsqueda de empleo por medio de las empresas de trabajo temporal.
LOS PROBLEMAS DE TRABAJAR EN NEGRO
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Quienes se ven obligados a aceptar una relación en negro están expuestos a sufrir accidentes laborales con más frecuencia que quienes tienen un contrato regulado. Sus condiciones de seguridad no han superado el estándar mínimo de una inspección de trabajo. Además, la dificultad para justificar la relación hace casi imposible la denuncia en caso de accidente.
BAJAS POR ENFERMEDAD
El modelo precario está implantado absolutamente en el mercado informal: si alguien está enfermo y no trabaja, no cobra, y puede que no recupere nunca el empleo. A esto se une el acoso laboral, más frecuente aún en este campo.
PARO, SEGURIDAD SOCIAL, JUBILACIÓN
Los trabajadores de este mercado no tienen derecho a subsidio de desempleo y engrosan las listas de beneficiarios de la Seguridad Social. Si, a lo largo de su vida, una persona no cotiza 15 años en cualquier régimen de la SS, sólo tiene derecho a una pensión de 400 euros.
ACCESO A LA VIVIENDA
Ayudas como la que impulsó el Gobierno de Zapatero de 400 euros para el alquiler están fuera del alcance de este sector. Del mismo modo, en negro es casi imposible cumplir los requisitos exigidos por los propietarios para alquilar un piso.
... Y SI ENCIMA NO TIENES PAPELES...
REQUISITOS PARA LA RESIDENCIA
Para justificar el arraigo ante la autoridad, las personas migrantes tienen que trabajar con contrato seis meses al año durante un mínimo de cuatro años. Pese a que en teoría el acceso a la salud y la educación está reconocidos para los ‘sin papeles’, no son pocos los que evitan utilizar estos servicios por miedo a ser expulsados.
CONTROLES DE IDENTIDAD
Desde marzo de 2008 se han multiplicado los controles de identidad en calles, plazas, intercambiadores de transporte... La apertura de los trámites de expulsión suponen un obstáculo más para conseguir los papeles por arraigo y una fuente continua de miedo para los ‘sin papeles’. No tener papeles dificulta enormemente la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler.
ACTIVIDAD PENAL EQUIVALE A EXPULSIÓN
Al no poder trabajar en la economía formal, muchos ‘sin papeles’ se ven obligados a sacar dinero de actividades ilegales, como el top manta o el menudeo de drogas, que pueden conllevar una orden de expulsión si la cantidad de droga convierte la tenencia en un delito penal. Trabajos vinculados a la inmigración como la venta de copias pirata pueden suponer, con el actual Código, penas de hasta dos años de cárcel.
PERSECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO SOLIDARIO
SOS Racismo denuncia que “con la disculpa de perseguir a las mafias” se ha creado el artículo 53 c) del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que penaliza con multas de hasta 10.000 euros a quien favorezca la permanencia de personas inmigrantes mediante el llamado “empadronamiento solidario” de ‘sin papeles’, otra vuelta de tuerca que dificulta su acceso al trabajo legal.
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