CORREO DE ANDALUCÍA (23/07/09) - ISMAEL G. CABRAL
Chamizo mete presión
“Quiero que antes de que acabe el año se apruebe la Ley de Inclusión Social”, afirmó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que prosiguió su “campaña de insistencia” en este tema presentando las conclusiones de la jornada Avanzando en los derechos sociales. Una de las cuales, solicitada ya por su institución, la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica para personas con problemas inmobiliarios, recordó, “no se ha tenido en cuenta”.
“La Ley de Inclusión social debe entrar en funcionamiento de forma inmediata, como mucho a final del presente año”, afirmó tras opinar que “la virulencia de la crisis está incrementando el número de personas que carecen de recursos y necesitan auxilio para poder desarrollar una vida digna”. Además, Chamizo sugirió que la denominada Renta Básica se abone a mensualidad vencida y se condicione al obligado cumplimiento de un Plan de Inserción en el que las partes implicadas acuerden medidas para alcanzar los objetivos de educación, acceso al sistema sanitario, vivienda, formación para el empleo, y resto de prestaciones y evitar que la ayuda no se convierta en “una forma más de percibir dinero”. “Esto debería ser algo innegociable”, añadió.
Chamizo expresó su “temor” a que durante el desarrollo de la futura Ley, las demandas realizadas por los ciudadanos en situación de emergencia social a las que pretende dar cobertura “superen a la previsiones” como ocurrió con el Libro Blanco de la Dependencia, por lo que pidió un “estudio previo detallado de las necesidades existentes y una memoria económica ajustada a las mismas”.
Se prevé que la Renta Básica consistirá en una prestación mensual del 75% del Iprem –actualmente fijado en 527 euros–, aunque la prestación se incrementará en un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona solicitante, sin que pueda superar el 100% del Iprem. Chamizo también puso especial énfasis en la necesidad del acceso a una vivienda “digna sobre todo en régimen de alquiler como paso previo a adquirir una vivienda normalizada”. “La Administración debe potenciar la construcción de un parque de viviendas sociales”, reclamó.
“La Ley de Inclusión social debe entrar en funcionamiento de forma inmediata, como mucho a final del presente año”, afirmó tras opinar que “la virulencia de la crisis está incrementando el número de personas que carecen de recursos y necesitan auxilio para poder desarrollar una vida digna”. Además, Chamizo sugirió que la denominada Renta Básica se abone a mensualidad vencida y se condicione al obligado cumplimiento de un Plan de Inserción en el que las partes implicadas acuerden medidas para alcanzar los objetivos de educación, acceso al sistema sanitario, vivienda, formación para el empleo, y resto de prestaciones y evitar que la ayuda no se convierta en “una forma más de percibir dinero”. “Esto debería ser algo innegociable”, añadió.
Chamizo expresó su “temor” a que durante el desarrollo de la futura Ley, las demandas realizadas por los ciudadanos en situación de emergencia social a las que pretende dar cobertura “superen a la previsiones” como ocurrió con el Libro Blanco de la Dependencia, por lo que pidió un “estudio previo detallado de las necesidades existentes y una memoria económica ajustada a las mismas”.
Se prevé que la Renta Básica consistirá en una prestación mensual del 75% del Iprem –actualmente fijado en 527 euros–, aunque la prestación se incrementará en un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona solicitante, sin que pueda superar el 100% del Iprem. Chamizo también puso especial énfasis en la necesidad del acceso a una vivienda “digna sobre todo en régimen de alquiler como paso previo a adquirir una vivienda normalizada”. “La Administración debe potenciar la construcción de un parque de viviendas sociales”, reclamó.